Esta decisión del TSJC permite que Pamparacuatro sea apartado de un caso que ha implicado la imputación de destacados responsables políticos de La Laguna, junto a empresarios de la noche y otras personas del municipio, destacando la imputación existente contra el actual alcalde y candidato de CC a la presidencia del Gobierno, Fernando Clavijo.
El portavoz ecosocialista indica que esta decisión se toma al aceptar la denuncia de una de las partes sobre un presunto delito de retardo malicioso en la administración de justicia. “Nos parece llamativo que se haya decidido aceptar esta denuncia a pocos días de que el juez haya logrado reconstruir el auto inicial de los pinchazos telefónicos de este importante caso”, explica.
Ascanio apunta que la posibilidad de que el juez Pamparacuatro quede apartado de este caso, después de haber denunciado la falta de recursos humanos y técnicos para estudiar detalladamente este proceso, “dejaría entre la ciudadanía la sensación de que hay un sector de imputados que gozan de una absoluta impunidad en la realización de supuestos delitos”.
En Sí se puede consideran evidente que las personas imputadas en este caso están más preocupadas por poner la lupa sobre la administración de justicia que sobre sus propias acciones. “Nos parece una auténtica maniobra de distracción de un asunto importante, que deja un rastro de tratos de favor indigno de una sociedad avanzada, un rastro que llega directamente sobre una de las personas que podría ser presidente de Canarias en mayo y que además es visto por un aliado potencial por el partido que actualmente Gobierna en el Estado español”, explica.
La formación lagunera cree que con esta decisión se ensombrece la labor judicial que trata de aclarar si se han cometido acciones delictivas, si se ha favorecido a determinadas personas y qué intereses existían detrás de estas acciones. Rubens Ascanio cree que “la apariencia de que en el trasfondo de la admisión por el TSJC de la denuncia contra Pamparacuatro, existe un interés político, resulta demoledora para una ciudadanía que todavía mantiene la esperanza en que la justicia sea capaz de aclarar cualquier posible mala praxis de un responsable político o un poder económico determinado”.