El concejal de Sí se puede en La Laguna, Juan Miguel Mena, ha criticado el acuerdo de la Junta de Gobierno del pasado 24 de junio por el que se aprueba el expediente para la contratación del arrendamiento del antiguo edificio de Muvisa para destinarlo a las oficinas de Bienestar Social, por el que se van a pagar 648.420 euros durante los próximos cuatro años.
El edil afirma que no es razonable que se haga este pago en un área tan delicada como esta y tan necesitada de fondos, mientras se mantienen locales cerrados de propiedad municipal, que no tendrían un coste añadido para las arcas públicas.
Mena recuerda que en febrero de 2012 presentaron una moción en la que pedían aprovechar los edificios municipales cerrados o infrautilizados, para ahorar las cantidades que se estaban abonando en ese momento, 5.153 euros mensuales en unas naves para materiales de la Delegación de Cultura, situadas en la Carretera General del Norte, más de 60.000 euros anuales en las oficinas de atención e información ciudadana de la calle San Agustín y los 11.543,96 euros mensuales de la antigua sede de Bienestar Social. De haberse aprobado esta iniciativa hubiésemos ahorrado en estos tres años más de 781.000 euros que hemos gastado sin necesidad, “procediéndose a reducir parcialmente alguno de esos alquileres hace pocos meses, tras mantener un aumento constante de los mismos”.
“La solución de pagarle 129.684 euros anuales a Muvisa por este alquiler no sirve más que para desvestir un santo para vestir otro, para tratar de salvar una empresa pública herida de muerte”, asegura el concejal. En Sí se puede recuerdan que actualmente el Ayuntamiento tiene edificios vacíos y en buenas condiciones, que podrían servir para generar un importante ahorro en unos alquileres que deberían destinarse a otras causas más urgentes.
La formación ecosocialista insiste en que el edificio anexo a la antigua iglesia de San Agustín, los antiguos juzgados de La Carrera o los edificios ubicados en la plaza de la Junta Suprema son alternativas viables que permitirían un ahorro sustancial de un gasto que supera los 239.000 euros anuales que se pagan en los tres alquileres denunciados por la formación de izquierdas lagunera.