Mena considera que, aunque actualmente el Servicio de Contratación municipal controla buena parte de los servicios que se prestan en el municipio es necesario que, partiendo de este área que ya funciona, se ponga en marcha un servicio centralizado que funcione para el conjunto de las concejalías y organismos públicos de La Laguna. El objetivo de la propuesta, según el concejal de Sí se puede, está en reducir el gasto que representa para las arcas municipales la actual descoordinación, que genera unos importantes sobrecostes en la adquisición de determinados productos y la contratación de servicios.
La propuesta que defienden desde Sí se puede contempla “centralizar todos los sistemas de compras y contratación municipales, promoviendo la búsqueda de ofertas entre los distintos proveedores y aquellas entidades que ofrecen servicios al municipio, asegurando la igualdad de condiciones”. Igualmente la formación ecosocialista insiste en que la puesta en marcha de esta medida supone “un uso más racional y eficiente de los recursos públicos, utilizando de forma coordinada el conjunto de las dotaciones materiales que dispone el municipio, evitando duplicidades innecesarias en la compra de determinados productos o en la contratación de servicios”.
Finalmente Mena considera que es necesario que además se garantice un cumplimiento estricto y riguroso de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas sobre principios de igualdad de oportunidades y transparencia. “No podemos caer en situaciones irregulares, donde se invierten fondos públicos sin establecer criterios claros, hay que permitir a las diferentes entidades que prestan sus servicios en La Laguna hacer sus ofertas libremente. Además queremos que, mediante la Unidad de Gestión Centralizada de compras y servicios, se acelere el pago a los proveedores, ya que los altos índices de morosidad actuales generan unos importantes costes en intereses” explica el edil, que además recuerda que con la nueva Ley de Morosidad, aprobada en marzo del 2010 en el Congreso de los Diputados, se prevé que para 2012 el plazo máximo para el pago por un determinado servicio, entre las administraciones públicas, se reducirá a tan sólo cuarenta días y en el 2013 a treinta, “con lo que debemos de esforzarnos para cumplir con dicho objetivo”.