Este martes la formación ecosocialista lagunera presentó sus alegaciones contra el pozo que el Ayuntamiento pretende instalar en la zona de Las Gavias, concretamente en el parque situado en la calle Doctor Miguel Melo Benito.
Según su concejal, Juan Miguel Mena, esta alegación se produce tras la publicación en el Boletín Oficial de Canarias número 227, del lunes 25 de noviembre de 2013, por el que se modifica el emplazamiento que figura en el anuncio relativo a la solicitud formulada por el Ayuntamiento, de concesión de las aguas públicas que se obtengan de la ejecución de labores de alumbramiento de aguas subterráneas consistentes en la perforación de un pozo sondeo, dándose un plazo de 30 días para que se pudieran presentar alegaciones.
Desde Sí se puede afirman que los informes realizados por el propio Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) advierten que a corto plazo de las aguas de origen subterráneo sufrirán un creciente retroceso por la disminución de las lluvias, el crecimiento descontrolado del consumo y la falta de fuentes alternativas para el agua de consumo. “Concretamente a partir de 1970 el caudal extraído por las explotaciones de aguas subterráneas ha sufrido un descenso medio de unos 0,9 hm3/año, fruto de la cada vez menor capacidad de reposición del acuífero”, explican.
Mena asegura que los estudios que han utilizado para la elaboración de sus alegaciones dejan claro que “las características constructivas de los pozos perforados en el acuífero de Los Rodeos, y más concretamente la potencia de la zona saturada cortada por las captaciones, se estima que de mantenerse el actual ritmo de descensos, los pozos se quedarían en seco en el plazo máximo de 10 a 15 años”.
La organización de izquierdas considera que el gasto de 436.000 euros en una obra que realmente puede tener una duración bastante corta y que además puede afectar al entorno natural, especialmente en el macizo de Anaga, no es una buena alternativa para solucionar este problema. “Defendemos un modelo basado en agua pública y explotada de forma sostenible, aprovechando el potencial de la desalación y las energías renovables, esa debería ser la inversión central en cualquier política de una institución responsable y moderna”, indica.
El estudio ambiental que acompaña al proyecto indica que la obra, de quince meses de duración, generará un impacto medio sobre el entorno, situándose a pocos metros de viviendas y en el interior de una zona verde municipal, usada por decenas de vecinos y vecinas. En el mismo informe se reconocen emisiones de gases, vertido de agua, ruidos y residuos, debiéndose evaluar también el efecto de su explotación continuada en las inmediaciones de una zona residencial, cosa que no sucede. Igualmente resaltan que este lugar no aparece en el Plan General de Ordenación de La Laguna habilitada para la instalación de infraestructuras hidráulicas, tampoco se contempla esa posibilidad en el proyecto de PGO que se encuentra en la web de la Gerencia de Urbanismo de La Laguna.
Juan Miguel Mena cree además que la cercanía con la zona de La Atalaya, que cuenta con una concesión para un pozo, solicitada desde 1995, que actualmente es propiedad de Teidagua, podría obligar, según el artículo 69 del Decreto 86/2002, del reglamento de Dominio Público Hidráulico de Canarias, a una explotación consorciada, lo que implica de facto una privatización parcial de las aguas que se pudiesen alumbrar. “Nos parece una temeridad que invirtamos una importante cantidad de dinero a cambio de una minúscula concesión, sabiendo que es un recurso no renovable, simplemente sería un negocio para la parte privada de Teidagua”, apostilla.