La Laguna amplía a diez su programa de viviendas de titularidad municipal para dar una respuesta de emergencia a familias de La Laguna en situación de exclusión social y que hayan sido desalojadas de su vivienda (o con lanzamiento próximo), ya sea por orden judicial o por estado de ruina de su domicilio. El Área de Bienestar Social, que dirige Rubens Ascanio, ha rehabilitado y adjudicado dos nuevos pisos unifamiliares para este recurso temporal en régimen de arrendamiento que incluyen, además de un programa de inserción sociolaboral, la bonificación por el Área de la mayor parte del coste del alquiler, de modo que las personas beneficiarias abonan una renta mínima mensual de 50 euros. El Área destinará 3,5 millones de euros este año a comprar y rehabilitar más viviendas para atender las situaciones de mayor gravedad.
El concejal de Bienestar Social, Rubens Ascanio, explica que el Ayuntamiento celebró recientemente la comisión técnica en la que se estudiaron las baremaciones de las 14 familias propuestas por las Unidades de Trabajo Social para estas dos nuevas viviendas, conforme a los criterios socioeconómicos establecidos en la normativa para las viviendas de promoción pública del Gobierno de Canarias, y se adjudicaron a dos familias monomarentales de cinco miembros cada una y con menores, personas mayores y personas con discapacidad a cargo de la titular.
Bienestar Social ha destinado más de 18.000 euros para la rehabilitación íntegra de las dos nuevas viviendas, que se han incorporado a este Servicio de Alojamiento Alternativo Municipal (SAAM), de carácter excepcional y temporal, de las que es titular la Gerencia de Urbanismo, y que se suman a las 8 que ya estaban en funcionamiento y que pertenecen a MUVISA, todas ellas ubicadas en un edificio en Tejina. Para aumentar este recurso, se ha tenido que esperar a que estos dos pisos, de 3 y 4 dormitorios, obtuvieran la correspondiente calificación administrativa como viviendas protegidas en régimen de arrendamiento por el Instituto Canario de la Vivienda.
El modelo apuesta por ofrecer un recurso temporal estable para que las familias puedan superar las dificultades que les han llevado a esta situación, con apoyo profesional para que puedan recuperar su autonomía, y se establece un uso prorrogable por hasta 3 años para llegar al mayor número de personas posible. Además, Ascanio anuncia que el Área de Bienestar Social ha incorporado a su presupuesto de este año una partida de 3,5 millones de euros para la adquisición y rehabilitación de más viviendas, que se destinarán al SAAM dada la necesidad de este tipo de recursos de apoyo al alquiler, como así queda de manifiesto con la lista de espera existente para acceder a estos programas y ante la imposibilidad de muchas familias de afrontar los elevados precios de mercado.
“En La Laguna estamos trabajando para conseguir tener, de una vez por todas, un parque de vivienda público permanente, estable y lo más amplio posible para atender las situaciones de emergencia habitacional. Para el Área de Bienestar Social, dadas nuestras competencias, esta dotación es estratégica y fundamental para ayudar a las familias que peor lo están pasando y que puedan hacer su tránsito hacia el modelo definitivo, en el que es fundamental contar con las viviendas nuevas que se van a construir a través del Plan de Vivienda de Canarias”, señala Ascanio.
Las viviendas del SAAM tendrán alquileres ya de por sí por debajo de los establecidos para las viviendas protegidas y bonificaciones directas del Área de Bienestar Social para que su coste para las familias (incluyendo el precio del alquiler, fianza, gastos de comunidad y seguros) nunca supere el 12% de sus ingresos y con mensualidades mínimas de 50 euros, al igual que se está haciendo con el programa de ayudas al alquiler del que se benefician las familias con dificultades económicas del grupo de 119 viviendas protegidas en San Matías, una medida que implica una inversión plurianual del Área de más de 330.000 euros que se entregan directamente a la titular de estos edificios, VISOCAN.
Las diez viviendas protegidas en régimen de alquiler social que componen actualmente el SAAM están destinadas a personas en situación de vulnerabilidad social, empadronadas en el municipio con un mínimo de 6 meses y en contextos de urgencia derivados, principalmente, de situaciones de lanzamientos judiciales por impago de rentas de alquiler o desalojos por orden de ejecución de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Serán gestionadas por la Sociedad Municipal de Viviendas y Servicios (MUVISA), en el marco de la encomienda a esta empresa pública para garantizar la estabilidad del servicio.
La entidad gestiona también la red de pisos tutelados incluidos en los Recursos municipales de Alojamiento Temporal (RAMT) para personas sin vivienda, que se diferencian en que estos últimos están destinados a grupos de personas sin hogar y con situaciones similares (pisos para mujeres, hombres, mujeres con hijos a cargo o jóvenes mayores de edad), mientras que las viviendas del SAAM son unifamiliares y pretenden dar un apoyo habitacional a familias con situaciones complejas, ya que tienen a su cargo a personas dependientes, menores, etc., que dificultan enfrentar la ya de por sí precaria situación económica de la familia.
Además de este servicio y del RAMT (que cuenta con 75 plazas, distribuidas entre el centro Clemencia Hardisson y 7 viviendas ubicadas en distintos puntos del municipio), el programa del Área de Bienestar Social se complementa con una amplia red pública de ayudas al alquiler para personas con dificultades sobrevenidas para afrontar ese gasto en sus hogares, que solo en 2021 supuso una inversión de casi 800.000 euros.
Plan de intervención
La concesión temporal de una de las viviendas del SAAM está vinculada al desarrollo de un plan de intervención con las y los miembros de la unidad de convivencia, dirigido a subsanar los factores que dieron lugar a la situación de necesidad, y su participación en acciones formativas que favorezcan su empleabilidad y reinserción social, con la perspectiva de acceder a una vivienda en situación de normalidad. “Esto nos permite intervenir con las personas que están pasando por el trance de un desahucio y acompañarlas en el tránsito hacia una fase donde puedan permitirse el pago de un alquiler y mejorar su situación personal”, destaca Ascanio.