El Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna ha presentado a los grupos políticos municipales y a las entidades sociales del municipio el proyecto de la nueva Ordenanza reguladora de concesión de subvenciones para la conservación y rehabilitación de viviendas del municipio, una norma que permitirá la creación del primer programa municipal en esta materia para garantizar la habitabilidad y seguridad de los hogares de las familias en situación de riesgo o de exclusión social. La iniciativa, que se desarrollará conjuntamente entre los Servicios Sociales y la Sociedad Municipal de Viviendas y de Servicios (MUVISA), incluye ayudas directas de hasta 15.000 euros y la posibilidad de que la empresa municipal se encargue de gestionar los trabajos.
Este primer programa municipal de rehabilitación de viviendas por causas sociales incluirá una línea de ayudas directas para familias sin recursos económicos, con un presupuesto adaptado a cada convocatoria, así como una regulación específica dirigida a facilitar y agilizar todas las obras necesarias para garantizar las condiciones de habitabilidad, seguridad, salubridad y accesibilidad de los hogares de los vecinos y vecinas en riesgo o situación de exclusión social.
Así lo explica el concejal de Bienestar Social, Rubens Ascanio, quien destaca que la Ordenanza será “la base para tener programa social propio del Ayuntamiento, que nos haga más rápidos y eficaces, un documento inicial al que queremos incorporar las necesidades y sugerencias de la ciudadanía” y que “esperamos que cuente con la mayor participación comunitaria posible”. El proyecto se puede consultar íntegramente en el portal web municipal, en el siguiente enlace: https://bit.ly/3BJ6Gud.
Ascanio aclara que, una vez se apruebe este nuevo marco normativo, “la línea de ayudas directas a fondo perdido nos permitirá apoyar a las familias vulnerables para que puedan afrontar las obras de mantenimiento que garanticen las condiciones adecuadas de su vivienda habitual, a la vez que se ofrece la ejecución por parte de MUVISA también para agilizar los trámites de licencias, gestiones y actuaciones”. Desde el área Social consideran que esta ordenanza “facilitará que muchas familias no acaben perdiendo el uso de sus viviendas por desalojos técnicos fruto de un mantenimiento insuficiente o la falta de adaptación a sus necesidades físicas”.
Según el proyecto de Ordenanza, la cuantía de la ayuda individual se limitará a un máximo de 15.000 euros, si bien, en supuestos excepcionales de extrema necesidad, el Ayuntamiento podrá incrementar la cuantía en base a los informes técnicos municipales justificativos, con el objeto de poder atender y solucionar globalmente alguna de las deficiencias de la vivienda. Se tratará, en todo caso, de obras tendentes a garantizar las condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad de utilización o estructural, adaptabilidad, accesibilidad, estanqueidad, ventilación, salubridad y mejora de la eficiencia energética.
Asimismo, serán subvencionables, además de aquellos gastos estrictamente relacionados con la ejecución de las obras, materiales, mano de obra, etc., todos aquellos complementarios, previos o posteriores a dicha ejecución, tales como trámites administrativos y aquellos que sean absolutamente necesarios para la realización de las obras y su puesta al uso.
El abono de las subvenciones por parte de Bienestar Social se transferiría a MUVISA una vez adoptado el acuerdo para llevar a cabo las rehabilitaciones. Si las obras son ejecutadas por la persona beneficiaria o son ayuda a las zonas comunes del edificio, se abonarán directamente a esta persona o tercero autorizado, adelantando un 50% de la cantidad concedida y la otra mitad, a la finalización de la obra.
Dichas ayudas estarán sujetas a concurrencia competitiva, con el límite presupuestario que se establezca para cada convocatoria. Asimismo, se ha considerado la necesidad de disponer de un fondo permanente para atender, de forma directa, situaciones de emergencia social de escasa cuantía, las cuales se conceden conforme a los informes sociales que así lo determinen y siguiendo los requisitos establecidos en la Ordenanza Reguladora de las Prestaciones Sociales Municipales.
Ascanio explica que estas ayudas serán complementarias con otras líneas sociales municipales puestas en marcha para atender las situaciones graves, prestaciones temporales centradas en ayudar a las familias para que conserven su vivienda, cubran sus necesidades básicas y tengan a su disposición todos los recursos y herramientas para ayudarles a salir de esta situación y que recuperen su autonomía.
De hecho, Bienestar Social destina más de 2 millones de euros al año para más de 20 líneas de Prestaciones Económicas Municipales (PEM) diferentes, con el objetivo de atender situaciones de emergencia o de fuerza mayor que pueden alterar la estabilidad socioeconómica de las unidades familiares, ayudas directas para familias y personas sin recursos suficientes, que incluyen la cobertura de las necesidades básicas, alimenticias o médicas, aquellas vinculadas a la discapacidad, infancia y mayores, o las derivadas de contingencias extraordinarias.
Las PEM se clasifican en Básicas, destinadas a cubrir las necesidades en alimentación e higiene; Vivienda, para los gastos de alquiler, amortización de hipoteca, suministros básicos (agua, luz), alojamiento alternativo, eliminación de barreras arquitectónicas o adquisición de enseres básicos; Sociosanitarias, para prótesis oculares, auditivas o dentales, tratamientos odontológicos, prótesis, ortesis y gastos farmacéuticos; Inserción social, para escuelas infantiles no públicas y prestaciones ocupacionales, así como otras prestaciones valoradas por las Unidades de Trabajo Social.
Emergencia habitacional
“En el presupuesto de 2022, declaramos la emergencia habitacional en La Laguna, con la mayor cuantía de la historia del municipio en atención social en materia de vivienda”, recuerda Rubens Ascanio, quien subraya la “gravedad” que ha alcanzado el problema de la vivienda en La Laguna debido a “una larga lista de factores”. Entre las medidas en marcha, el Área de Bienestar Social ha incluido una partida de 3 millones de euros que se destinará a la compra y rehabilitación de vivienda en régimen de protección pública. Además, ha aumentado en más del 65% la cuantía destinada a ayudas al alquiler respecto al ejercicio anterior.
Bienestar Social continuará ampliando la capacidad de los Recursos Alojativos Municipales Temporales, que en la actualidad disponen de 75 plazas en 8 inmuebles, incluido el RAM Clemencia Hardisson.
Las dotaciones públicas para este servicio de emergencia se han multiplicado en más de un 250% en dos años, un periodo en el que “hemos incrementado la capacidad presupuestaria para inversión social y creado nuevos recursos públicos, a los que se suman los programas de alquiler social, de pensiones de tránsito o de ayudas al alquiler, y contamos con otros recursos externos de ONG y subvencionados por el Ayuntamiento que nos permiten llegar a más personas, pero aún así, debemos hacer un esfuerzo mayor”.