El pleno del Ayuntamiento de La Laguna ha aprobado este jueves, por unanimidad, la Ordenanza Reguladora de las Bases de concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro en régimen de concurrencia competitiva del Área de Bienestar Social, una nueva normativa que apuesta por la transparencia y la objetividad en la financiación pública de los programas y proyectos de carácter social que desarrollan las ONG y asociaciones en el municipio. Esta decisión implica un cambio sustancial en cuanto a las subvenciones del Área que, históricamente y en gran medida, han sido de carácter nominativo, ampliando los proyectos con la fórmula de libre concurrencia y que solo este año supondrán una inversión municipal de más de 1,5 millones de euros.
Tras la publicación del acuerdo de aprobación inicial, se abrirá un nuevo plazo de exposición pública para recoger las aportaciones de las entidades y de la ciudadanía, por lo que se espera que el nuevo marco regulador se apruebe definitivamente a finales de año y que esta regulación pueda aplicarse ya de cara a las subvenciones de 2022.
El concejal de Bienestar Social, Rubens Ascanio, explica que “esta herramienta nos permitirá avanzar a un modelo centrado en el tipo de proyectos que se presenten, con criterios objetivos y total transparencia, por lo que también mejora el derecho de las entidades a competir por estos recursos públicos”. Igualmente informa que se ha “determinado técnicamente que lo referido a plazas de atención o alojativas, vinculadas a situaciones de vulnerabilidad social o dependencia, se mantendrán dentro del modelo nominativo, por la imposibilidad de disponer de recursos alternativos de este tipo”.
Ascanio destaca la importancia de respaldar públicamente programas que “repercuten en el bienestar, calidad de vida y autonomía de miles de vecinos, vecinas y familias de La Laguna, por lo que son fundamentales para avanzar hacia una sociedad más equilibrada y justa. Trabajaremos para abordar el mayor número de proyectos y conseguir esa involucración, participación y colaboración de la comunidad, con profesionalidad y las máximas garantías”.
El nuevo procedimiento de libre concurrencia estará orientado a la realización de proyectos y actividades de utilidad pública o interés social, con el fin de coordinar y complementar las actuaciones y servicios que se lleven a cabo por el Área de Bienestar Social y Calidad de Vida, así como para alcanzar la optimización, equilibrio y racionalización de los recursos económicos y sociales en el conjunto de esfuerzos en el campo de la Acción Social, que estarán sujetos, en todo caso, al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Con esta decisión, el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones en el Área pasará a ser el de la concurrencia competitiva, un sistema regulado por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS). Así, se abrirá una convocatoria pública, con unas líneas y presupuesto determinados, y se seleccionarán las solicitudes con mayor puntuación de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria.
Las subvenciones directas o nominativas, tal y como establece la legislación, se destinarán a los casos previstos en el presupuesto municipal, aquellos cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango legal o cuando se acredite la dificultad de convocatoria pública o existan razones excepcionales de interés público, social, económico o humanitario que la desaconsejen.
Incremento presupuestario en 2021
El Presupuesto del Área de Bienestar Social para este 2021 contempla una inversión superior a 1,5 millones de euros en subvenciones a proyectos del Tercer Sector, lo que representa un incremento del 12,6% respecto al año anterior y que se ha realizado para contribuir a afrontar las consecuencias socioeconómicas derivadas de la pandemia.
En este sentido, Ascanio explica que se ha aumentado la dotación en aquellos programas orientados a cubrir las necesidades básicas de las personas en grave riesgo de exclusión social, con reparto de alimentos y comidas calientes, atención a las situaciones de urgencia social durante las 24 horas, asistencia a las personas sin hogar o plazas residenciales para personas mayores sin recursos, entre otros.
Además, estas entidades apoyan con recursos físicos, económicos, psicológicos, ocupacionales o formativos a personas con discapacidad o con diversas patologías, como cánceres, cardiopatías, esclerosis múltiple, fibrosis quística, diabetes, enfermedades reumáticas, párkinson y alzhéimer, además de la atención a personas sordas, con trastornos del espectro autista, síndrome de Down o TDAH, entre otras.