Rubens Ascanio, portavoz municipal de Unid@s se puede en el Ayuntamiento de La Laguna y uno de los denunciantes del caso grúas, afirma que el escrito anunciado hoy por varios medios no aparece plasmado en ningún documento público del Tribunal Superior de Justicia, que por tanto no avala la existencia del presunto informe del teniente fiscal, Demetrio Pintado.
“Parece que la defensa de CC insiste en seguir usando cortinas de humo para construir un argumentario que haga menos dura la previsible imputación de Fernando Clavijo en las próximas semanas”, manifiesta. El edil lagunero recuerda que en la providencia del TSJC del 8 de noviembre se afirma que para elaborar el informe solicitado por la defensa del presidente canario se necesitaba más tiempo, dada “la complejidad de la causa”, basada en la existencia de una “extensa documentación remitida (1507 folios) por la magistrada instructora acompañado por la Exposición Razonada dictada, a los que hay que añadir 22 tomos del procedimiento original”.
En ese informe de noviembre el Ministerio Fiscal se refiere a la falta de competencia de la Sala, sin embargo hace un relato de los antecedentes de este asunto a fin de justificar la ampliación del plazo para emitir el informe que anteriormente le intereso la Sala sobre el “análisis de la posible existencia de delitos de prevaricación y malversación de caudales descritos por la Magistrada del Juzgado de Instrucción de San Cristóbal de La Laguna, así como la existencia de indicios racionales de la participación en ellos de Don Fernando Clavijo Battle”. No solo eso, asegura que “el Fiscal no refiere en ningún momento la existencia de un informe anterior”, más bien justifica que no haya emitido informe con anterioridad, cuando afirma: “Sin duda, los trámites relatados aconsejaban un estudio minucioso de las actuaciones recibidas para informar sobre lo más esencial, la existencia de indicios en la comisión de los delitos relatados (prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos), delitos por otra parte de naturaleza compleja muy vinculados al ámbito del derecho administrativo”.
Ascanio insiste en que en la providencia de Vicente Garrido no se relaciona ningún informe verbal o escrito del teniente fiscal, si, en cambio se indica que no fue hasta el 28 de agosto de 2018 cuando la Magistrada Instructora del caso remitió al TSJ su escrito. Al portavoz del principal grupo de la oposición lagunera le parece “curioso que se hable de un escrito del teniente fiscal en el que presuntamente se propone el archivo de la causa, cuando el mismo se tuvo que realizar en apenas dos semanas, según los datos periodísticos, a pesar del enorme volumen de la información reconocida por el Fiscal y de que todavía no se han realizado todas las pesquisas solicitadas por los denunciantes”.
“Creo que Fernando Clavijo cada día es más consciente del recorrido judicial que le espera por delante y está usando toda su artillería a la desesperada, en un intento de desacreditar a todo el mundo, incluso a la judicatura”, manifiesta. Frente a eso el concejal de Unid@s se puede considera, una vez consultado a su servicio jurídico, que una decisión del TSJ contradictoria con respecto al informe del Fiscal, en el que taxativamente dice que considerar al TSJC como responsable de la causa, una vez el presidente ha perdido su aforamiento, “supondría la vulneración del derecho constitucional al juez predeterminado por la ley” y del “principio de seguridad jurídica del artículo 9.3” recogido en la Constitución.
Para Ascanio “parece que el presidente y su defensa están dibujando con sus declaraciones, filtraciones y teorías de la conspiración un escenario en el que se está dispuesto a incendiar la judicatura para salvaguardar los intereses políticos de Coalición Canaria”. Recuerda que su grupo ha pedido la realización de una decena de testificaciones claves y la entrega de documentos que no han aparecido, además de la auditoría de los ejercicios 2011, 2012 y 2013 de la entidad, solicitada por los interventores municipales y que nunca se realizó, “todavía estamos lejos de concluir las investigaciones y por eso algunos están más que nerviosos”.
El edil insiste en que el caso grúas se sustenta en “la privatización de un servicio público para facilitar la colocación a dedo de personas afines, a las que se anima a comprar la empresa adjudicataria en 2011 y a los que, a pesar de los informes técnicos negativos y los graves incumplimientos, se hace todo lo necesario para matenerles vinculados al servicio y no proceder a una nueva licitación, estando más preocupados por el bienestar de esas personas afines que por el buen uso de los recursos públicos”. Entiende que “a pesar de las dilaciones intencionadas y los relatos justificadores”, Clavijo, José Alberto Díaz y Antonio Pérez-Godiño, como responsables políticos, “se tendrán que ver las caras con un uso grosero de la administración pública, que justifica plenamente las acusaciones de presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos”.