El portavoz municipal de Unid@s se puede en La Laguna, Rubens Ascanio, considera que Fernando Clavijo, antes de seguir en su campaña conspiranoica y de amenazas contra la judicatura debería explicar a la población cómo tuvo conocimiento del presunto informe del teniente de la fiscalía del TSJ, un documento interno que no trascendió en ningún informe oficial.
“Resultaría escandaloso que una de las partes esté jugando con las cartas marcadas en un proceso judicial como este, teniendo acceso a informes y expedientes que son de uso interno de la propia judicatura”, comenta.
La formación lagunera cree que el exalcalde lagunero deberá explicar en breve, como imputado, su papel en la privatización de este servicio y las actuaciones desarrolladas en los años posteriores. “Vamos a presentar una solicitud inmediata, tras la definitiva remisión del caso al Juzgado Nº2 de La Laguna, para que se proceda a imputar a Fernando Clavijo por los tres delitos planteados en nuestros escritos y para que se realicen las declaraciones de testigos claves en este proceso, así como los trámites respecto a la documentación requerida”, manifiesta.
A Ascanio le parece “ridículo el espectáculo orquestado por Coalición Canaria para construir un relato sobre la inocencia de Clavijo en base a una historia digna de una novela de espías”. Al presidente canario le piden “menos treatralidad y más respeto por los tiempos procesales, ya que con su actitud está generando un grave problema institucional a costa de tratar de evitar que se le continúe investigando”.
Para el portavoz del principal grupo de la oposición en el municipio lagunero y denunciante del caso, “el regreso de este caso al Juzgado Nº2 es cuestión de días y posiblemente el nivel de agresividad de quienes arropan las prácticas de Coalición Canaria subirá, cueste lo que cueste”. Rubens Ascanio afirma que “nuestro grupo solo quiere aclarar en sede judicial lo que fue imposible de aclarar en la Comisión de Investigación municipal, donde José Alberto Díaz fomentó un bloqueo continuado de la misma”. Entiende que “los vecinos y vecinas deben saber si este servicio público privatizado fue una herramienta más en la dinámica de contrataciones a dedo para generar redes clientelares y cuál fue su coste real para el municipio”.