Rubens Ascanio, portavoz municipal de Unid@s se puede y uno de los denunciantes del caso grúas, considera que tras más de dos meses y medio de retraso en que culmine el traslado de la causa desde el TSJC al Juzgado Número 2 de La Laguna, “hace cuestionar la justicia en Canarias y confirma nuestro temor en la aplicación de unos tiempos pensados en el interés político de Coalición Canaria y no en la aclaración de lo sucedido”.
En estos días el principal grupo de la oposición lagunera ha mantenido reuniones con sus asesores jurídicos para este caso que les comentan lo “extraño que resulta que tras la decisión del Tribunal Superior de inhibirse de este caso, todavía no se haya trasladado al juzgado lagunero donde se iniciaron las investigaciones y llevan pausadas desde hace meses”. Ascanio asegura que, “incluso con los recursos presentados contra la opinión de la Fiscalía y del TSJC por parte de los abogados de los dos políticos de CC imputados y de Fernando Clavijo, ya se debería haber dado traslado de la causa al Juzgado”.
Para el edil lagunero el retraso es “absolutamente injustificable y parece una evidencia de que la mezcla entre intereses políticos y acción de la justicia está presente”. El concejal de Unid@s se puede afirma que la experiencia de nuestros asesores jurídicos indica que, aunque “pretendan retrasar que Fernando Clavijo sea llamado a declarar como investigado, o que se escuche en sede judicial las declaraciones de personas directamente afectadas por este caso, es casi imposible que se busque un vericueto legal para impedir el desarrollo de la investigación”.
En la formación lagunera creen que “las maniobras dilatorias solo sirven para generar mayor descrédito con una justicia que es lenta con el poderoso y rápida con el débil”. Entiende que con la voluntad de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma y del propio TSJC de trasladar el caso al juzgado lagunero, “cualquier otra decisión sería un enorme escándalo”.
Recuerda el concejal lagunero que, “con elementos tan rotundos como los acuerdos tomados en contra de los informes de la intervención municipal para salvaguardar los intereses de personas afines a responsables de CC, la contratación directa de trabajadores en base a intereses políticos, como ha denunciado en sede judicial y en la comisión de investigación el propietario original de Autogrúas Poli, nos parece inevitable la imputación de Fernando Clavijo, como principal responsable de este caso, por prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos”.