El portavoz del grupo municipal de Unid@s se puede en La Laguna, Rubens Ascanio, ha informado este lunes que desde el pasado jueves lleva en contacto con responsables municipales y residentes, ante la colocación de varias antenas de telefonía en el número 28 de la calle Francisco de Miranda del barrio de El Coromoto.
El edil indica que estas obras, han generado una importante alarma entre los vecinos y vecinas de la zona, al entender que no hay licencia para las mismas y que se están colocando por parte de alguna compañía de telefonía de forma irregular. En este sentido Ascanio afirma que “el Plan General vigenteno permite más de tres alturas en esa zona y el edificio elegido superaría lo establecido en el principal documento que sirve para ordenar el urbanismo en el municipio”.
El grupo municipal cree que con la reforma de la legislación estatal, en la etapa de Rajoy, “se ha permitido una absoluta desregulación de las antenas de telefonía que ha incidido directamente en los municipios”. Manifiesta que “en el caso de La Laguna con la norma antigua se podían cobrar unos 400.000 euros de tasas anuales que en el momento actual son mucho más difíciles de recaudar a unas empresas que facturan cifras millonarias y que generan inseguridad entre la ciudadanía por sus prácticas, estando pendientes desde hace meses de que se elabore una nueva ordenanza que permita el cobro, ya que en la actualidad no se ingresa en las arcas municipales nada por esta actividad”.
En este caso del Coromoto “nos parece evidente que se trata de una instalación ilegal, que una vez más no cumple con lo establecido en la normativa urbanística en cuanto a las alturas máximas permitidas e incluso seguridad”. A este respecto se han dirigido a las personas responsables de las áreas de Seguridad, Jonathan Domínguez, y Urbanismo, Candelaria Díaz, para activar las medidas necesarias para parar su instalación en ese entorno.
El portavoz de la confluencia lagunera espera que “en el nuevo Plan General se puedan establecer mecanismos basados en el principio de prevención, que permita ubicar este tipo de instalaciones en suelos públicos, pagando por tanto una tasa de ocupación al municipio, y alejadas de las viviendas”.