En el último pleno municipal se rechazó una moción presentada por este grupo municipal relativa a la creación de dicho ente administrativo. A juicio de la concejala Fátima González “Resulta desconcertante ver al grupo municipal del PP votando en contra de esta medida que tan sólo busca implementar una ley estatal, ley ya aprobada en el Congreso de los Diputados precisamente a propuesta de sus compañeros y compañeras de partido”.
“Los planes estatales son uno de los mecanismos más potentes para poder planificar una política de vivienda que permita la satisfacción de un derecho constitucional y humano como es el de disponer de un lugar digno y adecuado donde fijar la residencia. Es por ello que, desde nuestro grupo municipal, se presentaron alegaciones al Plan de vivienda 2018-21, recientemente aprobado por el estado, ya que entendíamos que adolecía de unas deficiencias importantes y que no respondía a las necesidades reales que provoca la actual situación de emergencia habitacional”, declara la concejala Fátima González.
La edil también recuerda que “para la confección de este plan, no se han tenido en cuenta elementos tan relevantes como son el impacto de la subida del precio de los arrendamientos, debido a la irrupción del alquiler vacacional, o la actuación de los llamados fondos buitre, quienes compran vivienda con interés únicamente especulativo, expulsando a antiguos inquilinos mediante subidas desproporcionadas de rentas, las cuales suelen tener, además, una tributación reducida gracias a instrumentos legales de elusión fiscal como son las SOCIMI”.
La formación lagunera se mostró, en su momento, profundamente crítica con el plan, debido también a la orientación de los programas: consideraban que volvían a incidir en la construcción de vivienda nueva a pesar de ser éste uno de los países con más vivienda vacía de Europa, 3.5 millones; también con las ayudas al alquiler, las cuales opinaban que a la larga terminan convirtiéndose en subvenciones encubiertas a los propietarios, sin que esto suponga una bajada real del precio de los arrendamientos; además, en el capítulo de la financiación, denunciaban que dicho plan suponían una inversión de 1443 millones de euros, frente a los más de 2.100 presupuestados en el anterior plan, del cual sólo se llegó a ejecutar el 33%.
“Una escasa inversión en un bien tan necesario que nos sitúa a la cola de Europa: un 0.04% de PIB frente al 1.41% de Reino Unido, 0.83% de Francia o 0.59% de Alemania”, señala la concejala, quien también recuerda que “Las soluciones pasan por ampliar el parque público de vivienda en alquiler, que en España es de un insignificante 2%, a la cola nuevamente de Europa, y este plan no hace una apuesta real por ello”.
Sin embargo, a pesar de todas estas carencias, desde Unid@s se puede se entiende que cualquier instrumento que, a nivel local, pueda servir para hacer frente a la situación de emergencia en materia de vivienda que se sufre en la actualidad, especialmente en los casos más graves de desalojos forzosos sin alternativa habitacional, debe ser aprovechado. Es por ello que ponen su atención sobre uno de los programas de los que dispone el plan: el de ayuda para las personas en situación de desahucio de su vivienda habitual. Dicho programa permite que, aquellas familias que vayan a ser desahuciadas y que cumplan ciertos requisitos y previo informe de servicios sociales, puedan disponer de una vivienda del fondo estatal, así como una subvención del 100% de la renta de hasta 3 años, cuya financiación será un 80% del estado y un 20% de la comunidad autónoma.
Pero, para la gestión de dichas solicitudes, el plan establece la necesidad de crear, bien órganos de gestión autonómicos, bien órganos municipales en aquellos ayuntamientos que así lo decidan. Sus funciones serían: “el seguimiento de los procedimientos judiciales, la formalización de las propuestas de asignación de las viviendas del fondo social local a los beneficiarios y las propuestas de modificación de los contratos suscritos que en su caso procedan”. Dicho plan también prevé que: “Las Administraciones locales podrán hacer aportaciones al programa, que podrán consistir en contribuciones al pago de la ayuda, asumir el coste de un seguro de la vivienda o ayudas al pago de suministros básicos”. Además, dicho órgano podrá contar con la participación de colectivos sociales y otros entes del tercer sector relevantes en materia de vivienda, así como de las entidades de crédito.
“La constitución de este órgano a nivel municipal incrementaría las oportunidades para responder, de manera más ágil, a las situaciones de desalojo de la vivienda habitual que sufrimos en nuestro municipio, respecto a si se contará sólo con el órgano autonómico que se constituirá a tal efecto. La cercanía del ayuntamiento como administración, así como el conocimiento de la realidad por parte de los servicios sociales de la gente que está pasando dificultades y pueda ser desahuciada, favorecen que sea esta administración, mejor que ninguna otra, la que realice propuestas de asignación de vivienda del fondo social estatal y de las ayudas a la renta financiada por el estado y la comunidad autónoma, y para ello es necesario constituir este órgano municipal que recoge el plan.” añade Fátima González.
El pasado pleno municipal rechazó la moción, que la confluencia municipalista presentaba relativa a esta materia, con los nueve votos en contra del grupo de gobierno más los votos del Grupo Popular. No podemos desaprovechar recursos mientras exista una situación de emergencia habitacional en nuestro municipio.