Las empresas piratas del sector no ofrecen un servicio de calidad, al centrar sus esfuerzos para obtener el contrato en la reducción del precio en detrimento de elementos de calidad
Fátima González, concejala de Unid@s se puede en el Ayuntamiento lagunero, defenderá este jueves una moción en la que pide que se realice una auditoría de las empresas de seguridad y vigilancia que trabajan para el Consistorio, además de revisar los criterios de contratación establecidos por el Ayuntamiento para este tipo de servicios.
La edil entiende que los acuerdos plenarios adoptados en este mandato, sobre la introducción de cláusulas sociales, permite al Gobierno municipal introducir una serie de mejoras para que la administración local que contribuyan a mejorar los criterios de contratación que afectan a colectivos desfavorecidos, además de garantizar condiciones dignas y salarios adecuados a sus empleadas y empleados.
González afirma que “se debe hacer una clara defensa de los derechos laborales del personal que realiza estas tareas para una administración pública a través de los mecanismos que nos ofrece la contratación administrativa, garantizar que las denominadas empresas piratas del sector de vigilancia y seguridad no tenga cabida en el Ayuntamiento de La Laguna”. En este sentido su moción “plasma un problema real de unas personas trabajadoras que en numerosas ocasiones no cumplen con las condiciones laborales adecuadas o sufre de una gran precariedad, el Ayuntamiento no debe ser partícipe de este tipo de actuaciones”.
La formación lagunera asegura en su moción que “las empresas piratas en el sector de la Vigilancia y Seguridad podrían definirse como aquellas que incumplen de manera grave y sistemática los derechos laborales o sociales de los trabajadores, en muchas ocasiones a través del descuelgue del convenio del sector, pero no exclusivamente a través de este mecanismo, como ocurre en nuestro Ayuntamiento”. Fátima González cree que se trata de “un fenómeno cada vez más creciente, con mayor presencia en los servicios que se prestan en las administraciones públicas debido a la reforma laboral impuesta por el PP y a la laxitud con la que se abordan los pliegos administrativos. Pero también desde el punto de vista de la administración pública contratante, las empresas piratas no ofrecen un servicio de calidad al centrar sus esfuerzos para obtener el contrato en la reducción del precio en detrimento de elementos de calidad del servicio”.