José Luis Hernández, concejal de Unid@s se puede en La Laguna, defenderá este próximo lunes una moción para que el municipio incluya criterios sociales y medioambientales, así como cláusulas contra los paraísos fiscales, en los procedimientos de contratación de servicios o productos financieros.
Señala que la crisis financiera iniciada en 2007 “puso en evidencia muchas de las debilidades de la banca tradicional y, en general, del injusto sistema neoliberal que muchos colectivos sociales venían denunciando desde hacía décadas: fuerte dependencia de la volátil economía especulativa, inversión en negocios opacos, desahucios de viviendas, etc”. Cree que regirse exclusivamente por criterios de beneficio y tamaño “no ha contribuido más que a acrecentar las diferencias sociales y de renta, fomentando la exclusión de los grupos humanos más desfavorecidos, además de perjudicar al conjunto de la sociedad”.
Entiende que desde los municipios se debe articular medidas que fomenten un cambio de dinámicas, ya que “es difícil de explicar que dos de los principales pagos financieros que debemos asumir sea con entidades como La Caixa y el Santander, implicadas en miles de desahucios y de operaciones financieras bastante cuestionables desde un punto de vista ético”. Recuerda que solo el año pasado “estas entidades recibieron más de 23 millones de las arcas municipales por los créditos que concedieron cuando el estallido de las facturas municipales impagadas”.
En la moción el edil apuesta por promover convenios con entidades de banca ética, de banca cooperativa y de banca pública “para la creación de fondos de crédito municipal para el fomento de la economía social y solidaria, así como para la financiación de otros proyectos sociales o medioambientales sostenibles”. En este sentido indica que hay decenas de ejemplos de municipios que se han hecho socios, clientes o que han firmado convenios de colaboración u otro tipo de contratos con entidades de banca ética. Entre ellos, varias capitales de provincia como Donostia, Pamplona, Zaragoza, Madrid y, como ejemplo más relevante, Barcelona, que en 2017, de los 126 millones de operaciones de deuda contraídas, solamente el 22% fueron créditos de la banca convencional.
En su moción explica también que en Canarias hay algunas experiencias de colaboración de instituciones públicas con la banca ética. Así, por ejemplo, el Ayuntamiento de Agüimes subvencionó desde hace más de cinco años a la Asociación Canaria Fiare. Y, actualmente, el Cabildo de Gran Canaria es cliente de Fiare Banca Ética.
Hernández cree que este debate, que también se ha llevado a municipios de Tenerife como el de Santa Cruz, “debe servir para replantear el vínculo con este tipo de instituciones financieras, para asegurar que los más de 170 millones de euros que puede manejar una administración como la nuestra deben cumplir con unos criterios que no vayan en contra de los de la mayoría de la sociedad”.
APOYO A LAS MOVILIZACIONES CONTRA LA SENTENCIA DEL TS
El edil de la confluencia lagunera cree que un ejemplo de la mala praxis de las entidades bancarias convencionales está directamente vinculado con el “bochornoso cambio de decisión del Tribunal Suprema a la hora de decidir que los clientes sigan pagando el impuesto hipotecario”. Asegura que su formación apoya la movilización ciudadana prevista para el sábado a las cinco en la calle San Francisco de Santa Cruz, que “es una expresión lógica del estupor que ha generado los vaivenes judiciales con este importante asunto, que indican las presiones de unas entidades que se consideran por encima de la justicia y la política”.