Idaira Afonso, concejala de Unid@s se puede en el Ayuntamiento lagunero, recuerda que en el año 2017 se grupo remitió un escrito dirigido a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias en el que le solicitaba la retirada de la placa ubicada en la entrada principal del IES La Laboral y en la que se reivindica la memoria del dictador español, Francisco Franco.
“Mientras está vivo el debate de la salida de los restos del dictador del Valle de Los Caídos su memoria sigue viva cada día a la puerta de uno de los centros educativos públicos del municipio”, explica la edil, que no entiende que un curso más este lugar siga con la placa en su entrada.
La placa recuerda la inauguración del centro en 1973 a cargo del ministro franquista Licinio de la Fuente, contra esta persona la jueza argentina Maria de Servini emitió el 31 de octubre de 2014 una orden de detención internacional al imputarle “haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich”, ejecutado en 1974, una actuación judicial a la que el pleno municipal decidió sumarse en el año 2016.
Afonso afirma que la Ley de la Memoria Histórica (Ley 52/2007 de 26 de Diciembre) marcó un pasó más en el rescate de una memoria colectiva, estableciendo en su artículo 15.1, la retirada de las “menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”. A raíz de esta normativa se han realizado varias acciones en el Pleno lagunero, como la retirada de la calle Francisco Franco y el cambio de nombre de la plaza 18 de julio, ambas en el año 2008, el acuerdo para la investigación de las fosas comunes del cementerio de San Juan o la retirada de la Medalla de Oro de la Ciudad al dictador, Francisco Franco, iniciada en 2013 y culminada en el año 2015, o la comisión para la retirada de las últimas calles franquistas iniciada en 2016 y que no ha culminado sus labores. “A pesar de estos pasos todavía siguen vivos demasiados vestigios de esa triste etapa de nuestra historia reciente, mientras que los honores y las distinciones a los que sufrieron la persecución e incluso la muerte por defender la libertad y la democracia siguen todavía mayoritariamente sin realizarse”, manifiesta.
Afonso cree que, “a pesar de las lagunas existentes en la Ley de Memoria Histórica, una placa como esta, que de alguna manera trata de reconocer la labor de Francisco Franco, no debe ser lo que se encuentre el estudiantado y el resto de la comunidad educativa cuando acude a un centro público”. Menos lo es cuando “a día de hoy no han culminado los procesos de reconocimiento al funcionariado que fue objeto de represión, depuraciones y persecución, buena parte de ellos profesores y profesoras”.
Finaliza reclamando la puesta en marcha de la Mesa de la Memoria a la que se comprometió Mónica Martín, concejala de Presidencia y Planificación, en el pleno de abril, “para avanzar con las tareas pendientes en este sentido y donde poder aportar algunas de las propuestas trabajadas por compañeros de la Asamblea Ciudadana Lagunera y otros investigadores”.