Sí se puede insta al gobierno de Tacoronte a elaborar un Plan Integral de Vivienda Social y, con este fin, lleva al pleno este miércoles, 1 de agosto, una moción en la que se propone la creación de una comisión informativa, con composición técnica y política, para impulsar un proceso que garantice el derecho a la vivienda y para hacer frente a la emergencia habitacional en el municipio.
La portavoz del grupo de Sí se puede en el Ayuntamiento, Violeta Moreno, asegura que “se trata, en primer lugar, de que la corporación exprese con una acción concreta, al crear esta comisión, su compromiso en emprender actuaciones para abordar uno de los problemas sociales más importantes”. Este Plan Integral de Vivienda debe contemplar medidas de segunda oportunidad, vivienda garantizada y suministros básicos, además de resolver los casos de emergencia.
Entre los objetivos de esta comisión y del plan que elaborará, Sí se puede señala como ejes programáticos la creación de un parque público municipal de vivienda, su regulación y su gestión en régimen de alquiler. Por tanto, uno de los objetivos es la construcción de vivienda pública en el municipio para atender la demanda. Para alcanzar este fin, el plan debe basarse en un estudio y un análisis de la situación de la vivienda en Tacoronte, en el que se contemple la posibilidad de aumentar la bolsa de suelo destinada a viviendas protegidas.
Asimismo, debe incorporar la justificación legal, técnica y política que permita “negociar con entidades bancarias y sus filiales inmobiliarias la elaboración de un censo de viviendas vacías, constituido especialmente por aquellas que pertenecen a personas jurídicas”. Para garantizar el éxito de sus acciones, el plan también debe analizar su viabilidad económica.
Respecto a los agentes que deben estar involucrados en esta ambiciosa iniciativa, Sí se puede prevé que la comisión esté integrada por el concejal de Servicios Sociales y el de Urbanismo, el personal técnico de estas dos áreas del gobierno municipal, los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento y los colectivos sociales relacionados con la problemática de la emergencia habitacional. En la puesta en marcha de las actuaciones que plantee el documento, se debe contar también con la coordinación entre los equipos municipales citados, el Instituto Canario de la Vivienda del Gobierno de Canarias y los colectivos sociales.
Moreno destaca “el contraste que se da en Canarias entre la dificultad real de disfrutar de una vivienda digna y la existencia en paralelo de miles de viviendas deshabitadas, mientras que las políticas públicas siguen siendo deficitarias”. Esta insuficiencia obliga a la ciudadanía a acudir al mercado privado, con los consiguientes riesgos de desahucios y desalojos, o a la ocupación. Por esto, “es evidente la exigencia de que las administraciones desplieguen una actividad correctora en materia de vivienda pública, para estar a la altura de las necesidades de la ciudadanía y para resolver el conflicto social que significa la precariedad habitacional”, asegura la concejala de Sí se puede.