Sí se puede, Nueva Canarias y XTacoronte piden al pleno del Ayuntamiento de Tacoronte la reprobación del concejal de Recursos Humanos, Domingo Javier Castillo Gil, al tiempo que se unen para pedir un cambio profundo en la política laboral de la corporación, sacudida por un conflicto laboral resultado de la mala gestión del concejal señalado. La medida es el primer punto de la moción que las tres organizaciones llevan al pleno que se celebra este jueves, 7 de junio.
Además de la reprobación, la iniciativa insta al alcalde, Álvaro Dávila, a reformar su gobierno para cambiar a la persona responsable del área de Recursos Humanos. Asimismo, la moción plantea que comience “una nueva etapa que reabra la negociación colectiva suspendida, que tenga otro talante y la voluntad sincera de sentarse a dialogar para alcanzar acuerdos que supongan la creación de un mejor marco de relaciones laborales y sociales en el Ayuntamiento de Tacoronte”.
Las organizaciones promotoras de esta medida consideran que es necesario que el gobierno municipal respete la concertación social, la representación sindical y los derechos laborales recogidos en el ordenamiento jurídico, con el fin de “ofrecer a nuestra ciudadanía servicios de calidad en un ambiente proclive a ello”.
Los promotores destacan que el 60 % de la plantilla municipal solicita la destitución de Castillo como concejal de Recursos Humanos, una petición que suscriben tanto el personal funcionario como el personal laboral. Esta demanda es resultado de una situación en la que el concejal se encuentra en conflicto de intereses e incompatibilidad, al haber participado en diferentes procesos como abogado del Ayuntamiento y contra el mismo en asuntos que luego ha tenido que gestionar como responsable político en esta área.
Además, Castillo ha demostrado su incapacidad para alcanzar acuerdos, al dejar paralizada la negociación del acuerdo colectivo de funcionarios y del convenio colectivo del personal laboral, entre otros motivos, por su mala fe negociadora. El concejal ha tratado de imponer una Relación de Puestos de Trabajos (RPT) sin consensuar los objetivos de este procedimiento, sin tener como horizonte la estabilidad de los puestos de trabajo, sin permitir participación en su redacción y sin facilitar a la plantilla la documentación que sí se entregó a una empresa externa para la redacción de este documento.
La gestión de Castillo se caracteriza por “la arbitrariedad en la toma de decisiones y el constante menosprecio a las iniciativas y a los órganos paritarios con los representantes de los empleados públicos”, señala la moción. Por último, las organizaciones proponentes destacan sus “incumplimientos de las sentencias favorables a los trabajadores de forma reiterada”.