Sí se puede reclama el alquiler social para las once familias amenazadas de desalojo en Tacoronte

La organización ecosocialista considera que los ayuntamientos deben implicarse en la búsqueda de fórmulas para cumplir con el derecho esencial a la vivienda

Sí se puede reclama el alquiler social para las once familias amenazadas por un desalojo en Tacoronte previsto para dentro de diez días. El alquiler social es, a juicio de la organización ecosocialista, la fórmula que puede permitir a estas familias continuar residiendo en las viviendas del número 84 de la calle Ismael Domínguez, donde viven desde hace dos años y medio.

“Las familias piden desesperadamente al Ayuntamiento de Tacoronte, al Instituto Canario de la Vivienda y al Gobierno de Canarias que medien o insten a Bankia y a Sareb –entidades propietarias de las casas– a alcanzar un acuerdo de alquiler social, en términos adaptados a la situación de cada familia”, manifiesta la portavoz del grupo municipal ecosocialista en la corporación, Violeta Moreno.

Sí se puede apoya la lucha de estas familias, que están decididas a encontrar soluciones justas y acordes a su situación; por eso las apoya en la recogida de firmas que promueven y asistirá a la asamblea informativa convocada para este viernes 24 de marzo a las 18:00 horas, en el local de la AA. VV. El Casco.

Se trata de familias con miembros afectados por el desempleo y que atraviesan una situación económica que les impide acceder a un alquiler a precio de mercado; la mayoría tienen a sus hijos e hijas escolarizados en el municipio.

Moreno destaca que las viviendas citadas “se encontraban vacías; desde hace unos meses, los propietarios, Bankia y Sareb, han puesto a la venta estos pisos por la mitad de su precio original; el coste de la cuota mensual en caso de venta se acerca al precio de un alquiler social, de ahí nuestra petición y la de las familias”.

“Consideramos que es insuficiente el ofrecimiento del Ayuntamiento de Tacoronte de aportar el coste de la ayuda de alquiler correspondiente a dos meses –detalla la portavoz ecosocialista–. Creemos que hay que asegurar a cualquier vecino y vecina una vivienda digna, un derecho que consagra el artículo 47 de la Constitución”.

A juicio de Sí se puede, “los ayuntamientos deben trabajar para crear proyectos piloto que ofrezcan soluciones a este tipo de situaciones, en la línea de constituir bolsas de vivienda de alquiler social, conceder ayudas para la recuperación de viviendas en mal estado, aumentar las ayudas destinadas a alquiler y otras fórmulas; las corporaciones locales, por su cercanía a la población, pueden buscar soluciones locales”, apunta la concejala.