Unid@s se puede preguntará en el Pleno del próximo jueves, sobre entrada en plantilla a cargo del Ayuntamiento de La Laguna de varios trabajadores y trabajadoras a través de sentencias judiciales. El procedimiento detectado implica que varias personas que estaban desempeñando funciones en determinadas áreas o servicios municipales con contratos temporales o eventuales, fueron trasladadas o se les encargó nuevas funciones, lo que llegados a ese punto, los trabajadores y trabajadoras pueden denunciar la situación y solicitar la admisión como personal indefinido del Ayuntamiento.
“Solo en el último Pleno, se decretaron siete ejecuciones de sentencia en el Juzgado de lo Social destinadas la incorporación de un total de doce personas como personal indefinido”, indica Rubens Ascanio, portavoz de Unid@s se puede.
Para la formación de izquierdas, este caso demuestra una clara falta de responsabilidad y previsión por parte del Ayuntamiento. “Estos supuestos errores técnicos los pagamos todas y todos y creemos firmemente que si se necesita cubrir esas plazas, deberían salir a concurso público, demanda que también comparten las organizaciones sindicales con las que nos hemos reunido en los últimos meses”, asegura.
En la formación lagunera insisten en que se debe aclarar qué hechos técnicos o políticos hacen que en los últimos años se haya producido en varias ocasiones este tipo de sentencias recurrentes, que “solo se explican por graves errores administrativos o, lo que es incluso más grave, por una presunta intencionalidad de algún responsable público interesado en que determinada persona obtenga una plaza fija sin pasar por un concurso oposición”.
Unid@s se puede pide al Ayuntamiento que explique la situación y en todo caso, que ponga fin a esta práctica, previendo mejor el personal que necesita cada área y garantizando la accesibilidad igualitaria a los puestos, en base a méritos y no por errores administrativos difíciles de explicar. Ascanio cree que clarificar estas situaciones ayudará a mejorar la transparencia en el acceso a un puesto público, “alejando cualquier sospecha de colocación en base a intereses políticos o vínculos personales”.