Mal podemos hablar por tanto de incendios forestales: aunque sea la laurisilva del monte del Cedro o del monte del Agua lo más mediático de ambos incendios, el daño principal lo sufrió una extensa zona, salpicada de núcleos de población, que estuvo en cultivo en su día pero que llevaba décadas abandonada; se trata de incendios rurales.
Los núcleos habitados afectados por el fuego, con miles de personas evacuadas y decenas de viviendas quemadas (Valle Gran Rey, Taguluche, Arure, Chipude, El Cercado o Las Hayas en La Gomera; Erjos, San José de Los Llanos o Ruigómez en Tenerife) estaban rodeados por masas de maleza combustible, resultado de muchos años de abandono de la actividad agraria: retamas, jaras, cañaverales, zarzas, hinojos, jaguarzos… Nunca se quemó ningún pueblo cuyos campos de cultivo estuvieran arados, segados o pastoreados por el ganado, nunca a ningún campesino se le ocurrió edificar su vivienda en mitad de la maleza.
Bien está que se proteste porque las autoridades locales restrinjan el aprovechamiento del monte público, bien está que todo el mundo piense en la pinocha que se deja de recoger del pinar, pero pocos se han preocupado del matorral que invade los terrenos privados.
Cultivar cereales de secano y criar ganado extensivo dejaron de ser actividad rentable desde que a partir de los años 60 Europa nos inundó con sus excedentes. La aplicación de la PAC desde 1992 institucionaliza esta situación, porque las ayudas del REA a la importación de productos agrícolas y ganaderos excedentarios en la Unión Europea son en la práctica una anti-subvención para la agricultura y la ganadería extensivas en Canarias. Es la lógica de la globalización, no tiene sentido pretender ser autárquicos cuando tan ventajosamente compite el producto de importación; otra cosa son las consecuencias imprevistas.
La pérdida de soberanía alimentaria podría ser asumible si únicamente se tratara de una cuestión de economía, pero los recientes incendios nos han mostrado que, además, tenemos un problema de seguridad ciudadana.