Este viaje se ha realizado en plena campaña de boicot, desinversión y sanción (BDS) a Israel, impulsada por organizaciones internacionales para denunciar el apartheid que está sufriendo el pueblo árabe-palestino. Incomprensiblemente, el Cabildo ha decidido colaborar en esta contracampaña diseñada por un gobierno que aplica la segregación entre los pueblos, lo que quiere decir, aunque nos duela reconocerlo, que la institución tinerfeña se ha convertido en cómplice de esta terrible situación que afecta a millones de seres humanos. Como se sabe, nada ha cambiado más de dos décadas después del proceso de paz en Madrid (1991). La ocupación militar israelí de los territorios palestinos, lejos de reducirse, se ha incrementado con nuevos asentamientos en Jerusalén este y Cisjordania, y, pese al repliegue israelí de Gaza (2005), esta franja sigue ocupada desde la óptica del derecho internacional y de facto por el bloqueo israelí. La resolución del conflicto sobre la base de los Estados era el objetivo del proceso de paz. Israel debía poner fin a su ocupación militar y, a su vez, los palestinos aceptaban construir su Estado en el 22 por ciento de la Palestina histórica. Pero la incesante expansión colonial israelí ha imposibilitado la búsqueda de una solución biestatal o, como ahora se promueve, la de un Estado binacional donde toda su población goce de iguales derechos sin exclusión por su origen étnico o confesional.
Por tanto, mientras se mantenga esta situación, el Cabildo debe saber que no se puede mantener la equidistancia o neutralidad ante la víctima y su agresor. No denunciar expresamente esta injusticia y facilitar una seudocooperación cultural que solo persigue mejorar la imagen de un gobierno segregacionista entraña responsabilidades políticas y éticas.
Pedro Fernández Arcila es Concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz