En los últimos meses, donde la COVID-19 ha generado, oleada tras oleada, unas consecuencias socioeconómicas difíciles de medir en su globalidad a escala planetaria, hemos visto como la arribada de personas migrantes a nuestras costas se ha incrementado sustancialmente. Ningún país ha sido ajeno a esta crisis mundial, tampoco nuestros vecinos continentales.
En África llueve sobre mojado. La miseria generada por el saqueo sistemático de sus recursos naturales, más unos gobiernos cómodos para las potencias occidentales, cargados de latrocinio, potencian que miles de personas huyan en búsqueda de un futuro laboral que no encuentran en su casa.
Como hicieron nuestros abuelos y abuelas, miles de jóvenes se embarcan en viajes oceánicos sin vuelta atrás, con la muerte como compañera y la explotación en condiciones precarias como casilla de llegada. Esa suma de factores se añade a la llegada a un territorio insular, lejano para los países europeos, que solo ven al Archipiélago como unos pequeños puntos de colores en un mapa a miles de kilómetros de Madrid, Bruselas o Berlín, poco más que una postal vacacional.
A La Laguna se le vuelve a pedir que cumpla con un papel destacado en la acogida de personas migrantes, ya lo hizo en 2006, donde el campamento militar de Las Raíces llegó a albergar unas 3000 personas. Ser uno de los municipios con más suelo militar de Canarias siempre ha sido un factor de desencuentro con las políticas ministeriales. En este caso vuelve a serlo, ya que más allá de los procesos de diálogo institucional, el Ayuntamiento se vuelve a enterar por la prensa de los proyectos y propuestas con respecto a uso de estas instalaciones.
No somos partícipes ni del cómo ni de qué manera se hará, ajenos a las propuestas que hay detrás de este uso, que debería partir de la mayor coordinación posible. Tampoco contamos con proyectos que nos acompañen en la necesaria pedagogía que implica este proceso de acogida, que hagan de herramienta de facilitación social frente al bulo.
Somos un gobierno de progreso y tenemos una voluntad conjunta, manifestada ante el último pleno municipal por todos los grupos políticos, de ser un municipio de acogida. Esa coherencia se mostró desde el minuto uno. Cuando hace meses, desde instancias superiores se pidió a los municipios espacios de acogida, La Laguna fue uno de los pocos lugares de la isla y de Canarias que ofreció varios emplazamientos posibles, desde solares municipales a antiguos centros educativos o instalaciones deportivas sin uso. Las ofrecimos y las ofrecemos, en una red de espacios de carácter social y humanitario que permitan una atención digna a las personas que recibimos. Incluso hicimos gestiones junto a Subdelegación del Gobierno para facilitar otros edificios de titularidad privada de Aguere que sirvieran de espacio de acogida humanitaria temporal, que al parecer fueron poco viables por el coste del alquiler.
Como le expresamos recientemente a la eurodiputada el grupo de Izquierda Unitaria Europea por Podemos, María Eugenia Rodríguez Palop, desde otras instancias se ha preferido optar por macrocentros en suelo militar y eso conlleva la difícil tarea de gestionar espacios con más de mil seres humanos que necesitan atención digna y legal, superar una experiencia traumática y requieren una gestión administrativa ágil para llegar a los lugares en los que sus familiares o amigos les esperan. La estrategia de convertir estos espacios en grandes “campos de concentración” indefinida sería una vergüenza, como lo fue el campamento de Arguineguín. Que se haga sin coordinación y sin trabajar con la comunidad local, sería un acto de colonialismo rancio y sabemos que no estaremos solos en esta denuncia.
No me cabe duda que la estrategia migratoria se tendrá que reconducir, que los canales de comunicación que hemos demandado se fortalecerán. Ya ha empezado gracias a la petición formal del cumplimiento de la normativa urbanística básica, al trabajo interadministrativo y a las gestiones de nuestro Alcalde. Cumpliremos con la tarea que nos toque y estoy seguro que como institución y como sociedad estaremos a la altura.
En este escenario tan complejo no faltan las voces de los que tratan de sembrar el miedo o el odio entre la ciudadanía, actitudes irresponsables que esconden, bajo presuntos argumentos humanitarios, un racismo y una aporofobia desatada, que usan la desinformación como su mejor abono.
Si los responsables ministeriales abandonan las formas del pasado y trabajan de la mano con los ayuntamientos, con los recursos necesarios, lograremos que la red de municipios de acogida se multiplique, que más comunidades autónomas y países de la Unión Europea abran sus puertas a un tránsito que debería ser legal y seguro. Tenemos luminosos ejemplos de ello, ayuntamientos como Barcelona se han ofrecido a la acogida de personas migrantes llegados a Canarias, igual que once autonomías. Tenemos la oportunidad de demostrar que somos una tierra donde el odio no arraiga, que sabemos acoger al que lo necesita, que no olvidamos de donde venimos y atendemos al que llega, con respeto a sus derechos, desde la fraternidad y la solidaridad. Estaremos vigilantes para que esto sea posible.
Como han expresado otros compañeros de Corporación, reiteramos nuestra propuesta de espacios alternativos de acogida y la predisposición plena a trabajar de la mano con el Gobierno estatal en la tarea. Pero lo hacemos exigiendo que se ponga a la comunidad de acogida en la toma de decisiones, no como un simple testigo, que se aborde como un gran reto compartido, con compromisos de futuro sobre los grandes terrenos militares abandonados de Aguere y con proyectos comunitarios ejemplares que evidencien la positividad de la diversidad cultural y de la colaboración en la acogida.