Los funcionarios y responsables políticos de éstas áreas se desdoblan en sus tareas para cerrar las cuentas, que, en lenguaje eclesial, siempre concluyen con un propósito de enmienda, elaborando un presupuesto que siempre presentan diciendo que lo anterior nunca se va a repetir.
Pero al igual que se evalúa el dinero gastado y se proyecta el que se obtendrá, debiera instaurarse un sistema que nos permitiera examinar la situación de asuntos más terrenales con esos mismas técnicas de control.
Imagínense que con ese mismo rigor se controlaran las cuentas del año en materia de calidad del aire, del deporte de base, de actividades culturales o de escuelas infantiles. Imaginen contar con interventores o censores de estas cuentas que tuvieran unas normas estrictas de control de tal forma que no pudieran aprobarse si no se dieran unos niveles mínimos de solvencia ambiental o social, instaurándose a su vez organismos de fiscalización externa que intervendría si en cualquier barrio no se dieran los índices de lectura necesarios para la formación humana de los jóvenes.
En Santa Cruz de Tenerife en el capítulo de litoral, por ejemplo, el soñado interventor municipal pondría una interminable ristra de reparos, incumplimientos premeditados, fraudes y, quien sabe, que otros calificativos le permitiría la ley, que imposibilitarían aprobar las cuentas presentadas.
Sin ningún género de dudas, los esfuerzos del actual grupo de gobierno municipal capitalino se centrarían en eludir esos estrictos controles. Con ese objetivo calificarían de dudoso cobro la deuda que el Ayuntamiento tiene con los vecinos de Santa Cruz por el uso de las piscinas, las canchas y el edificio del Balnerario y declararía caducado el derecho de los vecinos de María Jiménez y de Cueva Bermeja a disfrutar de la Maretita, arguyendo esta medida con toda clase de frases evasivas y vacilantes.
El concejal de Hacienda centraría sus esfuerzos en lograr un convenio de quita y espera con los usuarios de la Playa de Las Gaviotas y con los vecinos de Igueste de San Andrés. Con los contribuyentes del Barrio de Añaza y siguiendo el señuelo de algún líder religioso, se comprometería a un pagaré de “un trocito de cielo”, con el deseo que la demanda histórica no se interpusiera en los tribunales.
Con ingeniería financiera ocultarían las cuentas de La Hondura y la playa del Parque Marítimo para evitar males mayores y con la Playa de Valleseco lanzarían una proclama victimista-insularista que acabaría, como no, en una manifestación en las puertas del Congreso. A pesar de todo esto lo más destacable es que el principal activo de este nuevo sistema sería la participación de los ciudadanos de ahí que, estoy convencido, los presupuestos de Santa Cruz de Tenerife tendrían que pasar por un plan de rescate popular dada la nefasta gestión de quienes se adueñaron de nuestro patrimonio colectivo.
*Concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz