La prohibición de edificar que le imponía la legislación de Costas en un ancho de 100 metros contados a partir del dominio público marítimo terrestre es un problema de primer orden para los vecinos, que por esta limitación legal se ven imposibilitados de construir sus viviendas en ese ancho, lo que deja en situación de fuera de ordenación a las centenares de casas que se han construido en esa franja antes de 1988. Si a esta limitación legal le añadimos los condicionantes orográficos y las limitaciones del parque rural, podemos darnos una cabal idea de las dificultades que se le imponen a estos asentamientos para su crecimiento endógeno o natural.
La moción que propuso Sí se puede hacía especial hincapié en la oportunidad del momento, coincidente con el debate en el Congreso de la modificación de esta ley de costas, reclamando la necesidad de defender las peculiaridades de nuestra tierra, al ver como algunas comunidades estaban ejerciendo una especial influencia a los redactores de la ley para que recojan determinadas singularidades de sus territorios, algunas, dicho sea de paso, de dudosa justificación y ninguna con tanta fuerza argumental como los que se pueden hacer valer en defensa de Anaga. En el texto de la moción que defendimos y que recibió los parabienes de todos los representantes políticos municipales, el alcalde asumía el deber de convocar a todos los diputados y senadores canarios para explicarles el problema y convencerlos de la necesidad de hacer causa común en la defensa de nuestros conciudadanos. Estoy convencido que, con ese compromiso, le hemos dado un hilo de esperanza a muchos conciudadanos que han sabido conservar el lugar más bello de nuestro municipio.