Sí se puede estudia acciones legales que conduzcan a la ilegalización del PP
La organización ecosocialista ve intolerable la agrupación de personas dedicadas a la rapiña de fondos públicos bajo el paraguas de su constitución como organización política
Sí se puede estudia todas las posibilidades que conduzcan a la ilegalización del Partido Popular (PP), tras conocer la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha juzgado la primera época de la trama de corrupción Gürtel y que condena al PP como beneficiario de un sistema que pretende convivir con la corrupción institucionalizada, donde aparece una trama de corrupción política calificada de “criminal” por muchos juristas. El PP es un partido condenado y no merece la más mínima consideración de un sistema que presume de ser democrático.
La organización ecosocialista canaria considera “intolerable la agrupación de personas dedicadas a la rapiña de fondos públicos bajo el paraguas de su constitución como organización política”, asegura su portavoz, Guacimara Navarro. Por este motivo, ha puesto en marcha un equipo específico de trabajo para que estudie las fórmulas jurídicas que permitan la ilegalización del PP y su salida del sistema de partidos.
“En el PP la corrupción no es una anécdota ni se trata de casos aislados; muy al contrario, la sentencia acredita el funcionamiento de una caja B en el partido desde 1989, es decir, desde el mismo año de su fundación”, destaca Navarro.
La posibilidad de considerar que el PP puede regenerarse bajo la dirección de Mariano Rajoy “es inviable”, dice la portavoz de Sí se puede, dada “la implicación de Rajoy en los gobiernos de Aznar y en la dirección del partido a lo largo de los años; a ello se suma que la sentencia de la Audiencia Nacional niega la credibilidad de su testimonio ante el tribunal, cuando negó pagos en B por parte del extesorero Luis Bárcenas”.
A juicio de Sí se puede, “es intolerable y muy dañino para el sistema democrático que organizaciones que se constituyen con el fin de sostenerse en el poder para el enriquecimiento ilícito a través del saqueo de fondos públicos tengan la oportunidad de dirigir las políticas de las distintas instituciones del Estado, al estar acogidas en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior”.