Sí se puede exige señales inequívocas del compromiso del Gobierno de Canarias con la sanidad pública

Sí se puede exige al Gobierno de Canarias “señales inequívocas de su compromiso con la sanidad pública”, al tiempo que reclama que “la gestión del sector sanitario ante el repunte de la pandemia se guíe por criterios propios de un servicio público, en cuanto a su obligación de transparencia, a su compromiso con el bienestar de la ciudadanía y el trato al personal sanitario”.

La organización ecosocialista insiste en sus exigencias al Gobierno de Canarias tras las noticias sobre el inminente nombramiento de Conrado Domínguez como director general del Servicio Canario de Salud, por tratarse de una figura claramente vinculada a la línea privatizadora de Coalición Canaria y, particularmente, al exconsejero José Manuel Baltar, el hombre procedente de los grupos de presión de la sanidad privada que el presidente Clavijo (CC) puso al frente del sector público, con una gestión que resultó nefasta.

Ya estas demandas fueron expresadas por Sí se puede en marzo pasado con motivo de la salida de María Teresa Cruz Oval al frente de la Consejería de Sanidad. Entonces, se acababa de declarar el estado de alarma por la pandemia de la COVID-19 y Canarias se mantenía con cifras de bajo impacto, mientras que en la actualidad el Archipiélago atraviesa la situación de mayor crecimiento. En este sentido, la organización ecosocialista muestra su inquietud porque el nombramiento de Rodríguez vaya acompañado de otros seis nuevos nombramientos relacionados con la lucha contra el coronavirus en todos los niveles del sistema sanitario canario, que estarán bajo sus órdenes.

“Es imprescindible dar seguridad a la ciudadanía sobre que el Gobierno de Canarias solo está pensando en su bienestar y en mantener su salud cuando está abordando la gestión de la sanidad pública. La confianza se gana con hechos concretos y el nombramiento de Domínguez resulta de lo más inquietante, por su apuesta por la sanidad privada”, asegura Pedro Fernández Arcila, portavoz de Sí se puede. “En situaciones tan delicadas como la que atravesamos en estos momentos, es la sanidad privada la que debe ponerse al servicio de la pública, y no al revés. Estaremos vigilantes en este sentido”.

Arcila justifica sus afirmaciones en hechos inaceptables que se están dando en las comunidades autónomas donde más se apuesta por la privatización de determinados servicios, como ocurre en estos momentos en Madrid, donde la entrega de la realización de las PCR al profesorado de la educación pública a una empresa privada está mostrando claramente las diferencias entre la gestión guiada por el compromiso con la ciudadanía y la concentrada en la búsqueda de beneficios económicos cuantiosos.