Sí se puede insta a las administraciones públicas canarias a impulsar el registro de las explotaciones agrarias de titularidad compartida
Ante la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural, la organización ecosocialista considera imprescindible hacer efectivo este compromiso.
La medida es una de las acciones fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el mundo rural.
Sí se puede insta a las administraciones públicas canarias a impulsar el registro de las explotaciones agrarias de titularidad compartida, una de las acciones fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el mundo rural.
La titularidad compartida de las propiedades es esencial “para que las mujeres puedan ejercer y disfrutar de todos los derechos derivados de su trabajo en las explotaciones agrícolas en términos de igualdad con los hombres y favorecer la asunción de decisiones gerenciales y de los riesgos y responsabilidades derivados”, asegura Marta Jiménez, portavoz de la Comisión Canaria de Feminismos y LGTBI de Sí se puede.
“Las instituciones deben estar comprometidas en esta actuación básica en pro de la igualdad, que nace de una sentida demanda de las mujeres que viven y producen en el campo. Es deber de estas instituciones que el recorrido de la legislación desarrollada en esta materia no concluya en un fracaso”, manifiesta Jiménez.
La organización ecosocialista toma como referencia la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural, proclamado por Naciones Unidas en 2008, para señalar que considera imprescindible hacer efectivo este compromiso, toda vez que todas las instituciones públicas del Estado están obligadas por la Ley 35/2011 sobre Titularidad Compartida de las explotaciones agrarias.
“En Canarias, hasta ahora este fracaso es rotundo, en primer lugar porque las resistencias del Gobierno de Canarias a facilitar esta medida han supuesto un retraso de cinco años, tras plantear el ejecutivo autonómico un conflicto de competencias con el gobierno estatal, de forma que no fue hasta 2016 cuando finalmente se habilitó el registro en las Islas”, explica la portavoz.
Lo más grave de la situación es que, hasta ahora, ninguna mujer en el Archipiélago ha dado el paso para hacer uso de este derecho, a pesar de las grandes ventajas que se derivan de incorporarse a este registro como copropietarias de explotaciones agrícolas.
Por este motivo, Sí se puede promueve mociones en las instituciones en las que cuenta con representación y respalda las iniciativas desarrolladas por otras fuerzas políticas y candidaturas de confluencias municipalistas, para lograr este compromiso de los poderes públicos. Así se ha hecho en distintos ayuntamientos tinerfeños, como el de Santa Cruz de Tenerife, y en los Cabildos de Tenerife –donde se ha hecho cargo el grupo insular de Podemos en la corporación– y de Gran Canaria, a través de la Consejería de Igualdad, a cargo de la consejera María Nebot, miembro de la organización ecosocialista.
La iniciativa ya ha sido aprobada en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y en el Cabildo de Tenerife y se confía en su aprobación en el Cabildo de Gran Canaria, así como en los ayuntamientos de La Laguna, donde Unid@s Se Puede presentará una moción en la misma línea, y La Orotava, donde lo tiene previsto la confluencia Unidas Sí Podemos.
Un caso paradigmático, representativo de las resistencias del sistema patriarcal a las igualdades promovidas por la ley, es el del Ayuntamiento de El Sauzal, donde la expresión política de la Asamblea popular, Unidas Se Puede El Sauzal (USPES), se ha visto obligada a presentar un recurso contencioso-administrativo por lesión del derecho fundamental a la participación de un cargo electo contra la resolución del alcalde para impedir que este asunto fuera debatido a través de una moción en el pleno celebrado la semana pasada.
Las iniciativas reclaman al Gobierno de Canarias medidas para incentivar la incorporación de las mujeres a este registro como copropietarias, no solo a través de campañas de difusión entre sus potenciales beneficiarias y formación del personal técnico que puede facilitar esta labor, sino también a través de medidas fiscales o subvenciones que estimulen el registro.
Igualmente, las iniciativas que están pendientes de su debate y las ya aprobadas se dirigen al Ministerio de Agricultura Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para que amplíe el porcentaje de bonificación a la Seguridad Social y elimine los límites de edad para acceder a la titularidad compartida, así como para ampliar las bonificaciones a otros grupos de edad.
Sí se puede recuerda que, según la Encuesta del INE sobre la estructura de las explotaciones agrícolas de 2013, el 31,45% de titulares de explotaciones agrarias canarias son mujeres y solo el 26,28% de las mujeres son jefas de explotación, mientras que el número de cónyuges femeninas aumenta considerablemente a partir de los 30 años e incrementa progresivamente, para alcanzar su punto más alto en torno a los 60-65 años. En 2013, solo había en Canarias 4 mujeres titulares menores de 30 años, y entre 35 y 49 años solo eran 678 mujeres titulares (18% del total de mujeres titulares).
Con estos datos, se puede concluir que, mientras que la titularidad de las propiedades agrarias está fuertemente masculinizada, lo cierto es que las mujeres desempeñan un papel esencial como mano de obra en las explotaciones de forma precaria.