Bienestar Social y Base 25 de Cáritas colaboran para mejorar la atención a las personas en riesgo de perder su domicilio en La Laguna

El concejal de Bienestar Social de La Laguna, Rubens Ascanio, ha recibido recientemente a representantes de Base 25 de Cáritas, proyecto de inclusión social que trabaja con las personas que están en riesgo de perder su vivienda habitual y al que el Área destina una subvención de 54.600 euros anuales. En la reunión, se valoró la evolución de los proyectos que Cáritas Tenerife desarrolla en la localidad con financiación municipal, la situación de las personas atendidas dentro de esta iniciativa y las principales problemáticas que las afectan, con la voluntad de continuar construyendo nuevas propuestas de trabajo que permitan reducir el número de personas en riesgo habitacional, con 81 familias atendidas en La Laguna y en el marco de este proyecto durante los 9 primeros meses del año.

Ascanio agradeció a Cáritas su compromiso con el municipio y su apoyo a los servicios sociales, ya que el trabajo de las entidades “nos permite llegar a aquellas personas con dificultades para acceder a las prestaciones públicas, así como dar una respuesta a las familias en riesgo de exclusión social cuya situación empeora con rapidez”. Asimismo, el concejal destacó que “estas reuniones de trabajo nos permiten aumentar el conocimiento compartido sobre las principales dificultades a las que se enfrentan las personas en situación de riesgo habitacional y mejorar la capacidad de respuesta y el acceso a servicios, vivienda y cobertura de necesidades básicas para poder avanzar en inclusión y cohesión social”.

Por su parte, Cáritas Diocesana de Tenerife agradece el esfuerzo y la colaboración del Ayuntamiento y el Área de Bienestar Social, e insisten en “la necesidad de seguir trabajando de forma conjunta con los Servicios Sociales municipales para ofrecer una mejor atención y respuestas a los colectivos más vulnerables”.

Las personas que asesora Cáritas dentro de este proyecto Base 25 están en riesgo de perder su vivienda en el municipio, con procesos judiciales y extrajudiciales abiertos y sin ingresos económicos suficientes. En el 75% de las familias acompañadas durante los nueve primeros meses del año, esta demanda se ha debido a desahucios por impago de alquileres privados, mientras que un 17% de hogares estaban en situación precaria por diferentes razones, como ocupación, cambio o pérdida de la titularidad, situaciones sobrevenidas, etc.

Personas atendidas

El equipo de Base 25 señaló en el encuentro que, desde enero hasta septiembre de este año, acompañaron a 182 personas de 81 familias, de las que 86 fueron mujeres y 42, menores, con una prevalencia significativa de los hogares monomarentales y también de personas solas sin redes de apoyo suficientes. De estos casos, 34 fueron atendidos por primera vez este año. No obstante, la línea de número de casos ha descendido y vuelto a los datos del año 2020, tras el pico registrado en 2021 por las consecuencias socioeconómicas de la pandemia.

En su informe relativo a La Laguna, se concluye que el acceso a la vivienda “sigue supeditado” a un mercado “con precios altísimos y condiciones que no cumplen las familias en vulnerabilidad”, tanto por “no contar con ingresos económicos para hacer frente al desembolso inicial, como por no cumplir los requisitos que se exigen y no poder aportar la documentación requerida (nóminas altas y estables, avalistas…)”

Las principales problemáticas para mantener el alquiler de las familias que acompaña Base 25 son rentas mínimas o ingresos económicos inferiores al alquiler, destinar más del 80% de sus ingresos a este, dejando el resto de necesidades básicas a expensas de otras ayudas, además de mujeres solas mayores de 55 años y sin fuentes de ingresos, trabajadores y trabajadoras empobrecidos y con cargas familiares, así como mujeres víctimas de violencia de género con endeudamiento económico tras la separación sentimental. Una característica compartida por las personas atendidas es la ausencia de una red familiar segura que las sostenga ante las situaciones de crisis.

“En este contexto y a pesar de que no existe un número suficiente de vivienda pública, ni siquiera una cantidad que al menos pueda proporcionar cierta cobertura a las familias más vulnerables, sí que observamos que el municipio de San Cristóbal de La Laguna ha generado muchas más estrategias de protección en la última etapa, pudiendo beneficiarse los hogares de más ayudas de alquiler y siendo acogidos en los casos extremos en los que finalmente se produce la vulneración del derecho a la vivienda por lanzamiento de la misma”, recoge el informe.

Precisamente, el Área de Bienestar Social ha estado trabajando estos últimos años con el objetivo de responder a un posible aumento de la demanda y a una mayor complejidad en los perfiles de las personas usuarias. Para ello, se han centrado los esfuerzos en reforzar los servicios y atender al mayor número de personas posible, con una apuesta por recursos alojativos municipales públicos (con un incremento del número de plazas de más del 250% en dos años) y con el apoyo a los servicios que prestan las entidades del tercer sector.

Bienestar Social destinará 3,5 millones de euros a comprar y rehabilitar más viviendas para atender las situaciones de mayor gravedad, a lo que se suma el aumento presupuestario de las cuantías para alojamientos alternativos temporales, ayudas al alquiler y de emergencia social, además de programas de atención integral dirigidos a fomentar la integración social y laboral y permitir a estas personas recuperar su autonomía personal.