Unid@s se puede lamenta el bloqueo de CC-PSOE a la culminación del proceso de debate del nuevo reglamento de participación ciudadana
El portavoz municipal de Unid@s se puede en el Ayuntamiento de La Laguna, Rubens Ascanio, considera que en la reunión celebrada el pasado jueves en la Casa de Los Capitanes, los grupos vecinales que aportaron propuestas de mejora al nuevo texto del reglamento y los grupos de la oposición participantes “nos encontramos un bloqueo orquestado por CC-PSOE en contra de lo decidido en un acuerdo plenario del 2017 que parecen dispuestos a no cumplir”.
El edil señala que en mayo de 2015 quedó culminado un nuevo reglamento con el que se quería actualizar el existente, que data de 1993. Ese documento fue fruto de un extenso trabajo en el que colectivos vecinales y grupos políticos estuvieron trabajando desde 2012. “Coalición Canaria decidió que no había que aprobarlo y lo metió en una gaveta hasta que la presión política y vecinal lo volvió a rescatar, pero con una nueva fase de modificación que nos parece que ha carecido de las garantías de participación suficientes, de una pluralidad que tratamos de promover con reuniones informativas con los colectivos y entidades que quisieron participar”, explica.
Recuerda que todos los grupos municipales acordaron con su voto a finales de 2017 una última fase de aportaciones vecinales al documento, con una hoja de ruta que contemplaba una junta de portavoces y se valoraría la incorporación de las nuevas enmiendas vecinales al documento…”una propuesta de la portavoz del PSOE, Mónica Martín, y responsable de participación ciudadana, que además pidió que ningún grupo político pudiera participar de ese proceso lo que aceptamos en pro de un acuerdo que veíamos como necesario, igual que la propuesta del PP para que todo estuviera terminado antes de finales de 2017”.
Un grupo de entidades vecinales hicieron una batería de propuestas de mejora en tiempo y forma, cumpliendo con lo acordado y apostando por avanzar en elementos como el derecho a intervenir en los plenos, permitir que se puedan presentar mociones a los plenos sin la intermediación de los grupos políticos, regular el derecho de audiencia o garantizar que los escritos sean respondidos en tiempo y forma.
Manifiesta que “cuando llegamos a la junta de portavoces en el mes de diciembre nos encontramos con que el gobierno de CC-PSOE nos dice que no estamos legitimados para valorar esos escritos, que no es adecuado, impidiendo cualquier posibilidad de tomar algún acuerdo y consagrando un documento que en su última modificación establecía una batería de recortes en derechos de participación difíciles de explicar”. La propuesta de Mónica Martín fue organizar una reunión con todos los colectivos vecinales para consensuar los cambios y a ella acudieron este jueves cuatro grupos municipales (CC, PSOE, Cs y Unid@s se puede) junto a una importante y diversa representación vecinal.
Ascanio asegura que la reunión fue un demostración de la nula voluntad de diálogo de las portavoces de CC y PSOE en esa sesión que volvieron a argumentar la ilegitimidad de hacer cambios en el documento, negando cualquier propuesta de estudio de las enmiendas vecinales o propuestas alternativas. “Las demandas de los colectivos que dedicaron tiempo y esfuerzo a realizar sus propuestas solo encontraron un desprecio absoluto y un cuestionamiento a sus intenciones injustificable, lo que nos parece tremendamente grave”, comenta el portavoz.
Para la formación lagunera “es muy grave que las dos representantes de CC y PSOE presentes en la reunión olvidaran de esta manera el acuerdo plenario y optaran por un boicot absoluto ante cualquier avance en el documento”. Ascanio se muestra convencido que “ningún colectivo vecinal va a justificar que en la última redacción se hayan incorporado cambios que implican, por ejemplo, que ahora se quiera pedir 450 firmas para poder intervenir en un pleno y no 100 como en la actualidad, que ya no se esté obligado a responder a un vecino/a en 30 días, que no haya una oficina física de participación, que no se definan las juntas de distrito, que no se pueda regular el derecho de audiencia de un concejal o alcalde, para que deje de ser un favor para “amistades”, incluso que todos los grupos vecinales tengan los mismos derechos, no solo los que tengan más de 100 personas inscritas…”.
El edil lagunero afirma que su grupo “no será rehén ni cómplice de este tipo de actuaciones que creemos que no responden a los intereses vecinales y sí, mucho, a los intereses de los grupos políticos que requieren la arbitrariedad y el favor como abono fundamental de su actuación”. Igualmente informa que Mónica Martín ha retrasado cualquier acuerdo a una nueva junta de portavoces, “donde nos tenemos que se vuelva a repetir el bloqueo y el desprecio a las alegaciones vecinales presentadas”.