USP acusa a CC de contravenir la ley de contratación pública para favorecer a las grandes empresas

Unid@s Sí Podemos (USP) alerta de que la nueva licitación del servicio de obras y mantenimiento (SOM) del Ayuntamiento de La Orotava que pretende llevar a cabo el gobierno local de Coalición Canaria contraviene la Ley de Contratos del Sector Público y favorece a las grandes empresas. A juicio de la formación municipalista, CC está tratando de forzar la interpretación de la norma, incluso contra el criterio de la Intervención municipal, para no dividir el nuevo contrato en lotes, lo que impide que accedan a él diferentes pymes locales. Asimismo, USP denuncia un aumento en el coste de unos 200.000 euros respecto al contrato actual, a lo que se suma una revisión anual del 3%, “dinero que se deja de invertir en aspectos importantes, como los sociales”.

El portavoz de USP, Raúl González, explica que la ley prevé dos modalidades de contrato con implicaciones muy diferentes, y que la decantación por una u otra depende del riesgo que asuma el contratista: si de la explotación del servicio se deriva un riesgo, se puede optar por la concesión administrativa; si no se deriva ese riesgo, ha de licitarse un contrato de servicios. En el caso del SOM, González sostiene que, como ha advertido el interventor, no existe riesgo alguno para el explotador, al estar garantizados tanto los precios unitarios como la demanda de los servicios por parte del Ayuntamiento, por lo que no está justificado que el grupo de gobierno de CC opte por la concesión administrativa, que es muy ventajosa para las grandes empresas y perjudica a las pymes locales. Con este tipo de contrato –señala– se pueden negar a dividirlo en lotes sin tener que justificarlo, con lo que una única gran compañía se llevará una vez más todos los beneficios, sin que estos reviertan en La Orotava. En su opinión, la división en lotes, además de permitir la concurrencia de pequeñas y medianas empresas, favorecería la correcta ejecución del contrato desde el punto de vista técnico, pues siempre será mejor que, por ejemplo, el mantenimiento y reparación de vehículos municipales sea ejecutado por una empresa especializada y no por otra que tiene que recurrir a la subcontratación, lo que eleva el coste.

Desventajas para el municipio

Para el concejal de Unid@s Sí Podemos, la concesión administrativa implica otras desventajas para el municipio, como eximir al contratista de someterse a la directiva europea reguladora de los contratos públicos y permitir plazos de explotación muy amplios, en este caso de ocho años más dos de prórroga. A su juicio, esto le resta capacidad de control al gobierno municipal y le dificulta aplicar durante un dilatado periodo de tiempo políticas públicas sostenibles, eficaces e innovadoras. González subraya que, actualmente, el 55% del presupuesto municipal se lo llevan las empresas concesionarias, lo que deja en manos privadas buena parte de la gestión del bienestar de la ciudadanía orotavense. Asimismo, recuerda que, durante los años de crisis, las concesionarias fueron las únicas que no sufrieron los recortes del Ayuntamiento, pues se les continuó actualizando los contratos en función del IPC, sin que en ningún momento CC mostrara interés en defender los intereses de la ciudadanía renegociando los contratos a la baja para adaptarlos al contexto económico.

La formación municipalista rechaza la privatización sistemática de la gestión de todos los servicios por parte del gobierno de Coalición Canaria y, tanto en este como en otros casos, aboga por la gestión pública directa, puesto que permitiría ahorrar los costes derivados del beneficio empresarial, utilizar ese ahorro en aumentar la inversión y aplicar políticas basadas en el conocimiento de las necesidades municipales bajo la dirección política y técnica de la corporación. En cualquier caso, considera que, aún bajo la gestión externalizada, se podrían introducir mejorar importantes en las condiciones que propone CC, como disminuir de diez a cuatro los años de contrato, equilibrar los criterios de adjudicación para que el precio tenga menos peso, incluir aspectos de eficiencia de vehículos y herramientas respetuosas con el medio ambiente, valorar la incorporación efectiva de mujeres y personas con diversidad funcional, y pedir un plan de control medioambiental.