USP pide medidas provisionales contra el secretario para preservar la seguridad jurídica del Ayuntamiento

La formación considera que De Tomás, condenado por el ‘caso El Trompo’, no puede seguir actuando como garante de la legalidad municipal

Unid@s Sí Podemos llevará este jueves al pleno del Ayuntamiento de La Orotava la delicada situación de inseguridad jurídica en que se encuentra la institución desde la condena al secretario general municipal, Juan Carlos de Tomás, por el caso El Trompo.

El pasado mes de agosto, De Tomás fue condenado a dos años de prisión, ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, multa de 2.400 euros, inhabilitación especial para profesión u oficio relacionado con la construcción por un año e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por dos años, por un delito contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación urbanística, en una sentencia del Juzgado de lo Penal nº5 de Santa Cruz de Tenerife que también condenaba al ex alcalde Isaac Valencia y al promotor Ambrosio Jiménez por las actuaciones ilegales cometidas en torno a la construcción en suelo rústico del centro comercial El Trompo. Asimismo, el juez abrió pieza separada a De Tomás por la presunta comisión de un delito de falsedad en documento público en el ejercicio de su defensa.

Ante lo inaudito y contundente de estos hechos, USP ha dejado transcurrir un tiempo prudencial, con el convencimiento de que, o bien actuaría motu proprio el afectado, por sentido común y respeto a la institución, o bien lo haría el alcalde, Francisco Linares, y el grupo de gobierno, por responsabilidad institucional y en aras de garantizar la seguridad jurídica y proteger la imagen pública del Ayuntamiento. Como ni lo uno ni lo otro ha sucedido, ni hay visos de que nada se mueva al respecto, Unid@s Si Podemos ha presentado una moción con el objetivo de que se adopten medidas cautelares sobre el desempeño profesional del secretario, dada la evidente contradicción entre la envergadura de las responsabilidades que ostenta y la desconfianza provocada, no ya solo por la vulneración normativa y la comisión de delitos fijada en la citada condena, sino por la falsificación documental presuntamente utilizada en su defensa y que el juez detalla en la sentencia.

USP plantea, en concreto, dar traslado de la documentación relativa a la situación jurídico-penal del secretario a las direcciones generales de Función Pública del Gobierno de Canarias y de la Administración central, así como realizar las preceptivas consultas al respecto e instarles a adoptar las medidas provisionales que estimen oportunas para garantizar plenamente la confianza y la seguridad jurídica en las actuaciones del Ayuntamiento, que actualmente, asegura la formación, están seriamente en entredicho. Asimismo, USP propone que el pleno municipal repruebe formalmente la actuación y el proceder de De Tomás por el notable deterioro provocado en la imagen de la institución.

Unid@s Sí Podemos recuerda que el eficaz y correcto funcionamiento de una administración local depende en gran medida de la labor de su personal funcionario y laboral, entre el que destaca, por su importancia y papel clave, el secretario general, dado que es el fedatario público y el máximo garante del cumplimiento de la legalidad en los actos que emanan de la institución. En este sentido, a juicio de USP, la citada sentencia del Juzgado de lo Penal pone, como mínimo, en tela de juicio la idoneidad de De Tomás para ejercer esas funciones. En su escrito, el juez expone, entre otras consideraciones sobre el secretario municipal, lo siguiente: “La conducta de este acusado es especialmente grave. Él era el depositario de la fe pública municipal, y el máximo encargado de velar por el correcto funcionamiento de la administración. Pero actuó con total indiferencia por su puesto de trabajo y por los intereses de la comunidad, de lo público. Sería contradictorio permitir que quien ocupó tal puesto de responsabilidad en una administración pública pudiese volver a atentar contra la comunidad (…)”.

Desde el respeto máximo a la presunción de inocencia y al sistema garantista del ordenamiento jurídico, USP entiende que ninguno de estos dos elementos puede ser utilizado como “coartada” para la inacción del alcalde y del gobierno local ante estos hechos, pues de lo que se trata principalmente es de adoptar medidas provisionales que, mientras se resuelven definitivamente los correspondientes procesos judiciales, eviten las irreversibles consecuencias que pudieran derivarse de la adopción de acuerdos amparados en las directrices jurídicas de quien tiene tan grandes sombras de duda en su desempeño profesional.