Planificación y biomasa – Pedro Fernández Arcila
Si nuestro Gobierno hiciera un mínimo ejercicio de autocrítica, posiblemente llegaría a la conclusión de que la metedura de pata de la planta de biomasa tiene su origen en unos postulados políticos que contemplan la planificación como un estorbo, un trámite que ralentiza la toma de decisiones, cuando realmente los controles democráticos que se insertan en toda planificación territorial nos hubiera evitado este affaire propio de república bananera. Este caso amenaza con no ser el único porque la mayoría parlamentaria que sustenta el Gobierno canario pretende acentuar las medidas desreguladoras ya iniciadas en las pasadas legislaturas. Este basamento ultraliberal se inició en los últimos años con un giro en materia de política territorial que podríamos sintetizar en dos ideas: el abandono del principio de la planificación previa y el incremento de la capacidad del Gobierno canario para adoptar decisiones urbanísticas o territoriales al margen de las figuras de planeamiento. Este proceso tuvo su primera expresión en la Ley 6/2009 de medidas urgentes en materia de ordenación territorial, continuó con la Ley de renovación y modernización turística, y finalizó, por el momento, con la aprobación de la Ley de Armonización y Simplificación y la Ley sobre tramitación preferente de inversiones estratégicas, de la que es botón de muestra esta planta de biomasa. El “nuevo modelo” que se ha ido configurando es lo que le llevó a afirmar al Consejo Consultivo que “el abandono del principio de la preceptiva planificación previa parece apuntar a un cambio de modelo, que daría entrada al urbanismo de proyecto en perjuicio del urbanismo del plan”. El Gobierno de Clavijo sigue con ese afán desplanificador, y recientemente ha anunciado una nueva ley que pretende eludir los controles institucionales y facilitar aún más la toma de decisiones gubernativas frente a una planificación concertada. Para cuestionar los planteamientos del actual Gobierno, lo ocurrido con la planta de biomasa resulta un excelente ejemplo, porque en el “nuevo modelo” este proyecto llegó a colocarse como una inversión prioritaria de la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias 2014-2020 y como ejemplo de crecimiento verde y sostenible. Es decir, una iniciativa gravemente dañina para el medio ambiente y para la salud humana, como finalmente ha aseverado un informe de sanidad, fue premiado como proyecto estratégico por ser ambientalmente sostenible. Solo la ausencia de controles democráticos o institucionales que caracterizan toda planificación pudieron consagrar tamaño disparate.
Pedro Fernández Arcila es concejal de Sí se puede en el ayuntamiento de Santa Cruz.
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