Por una Palestina libre. Más de 350 cargos públicos del Estado español

Con motivo del setenta aniversario de la Resolución 181 de las Naciones Unidas, también conocida como Plan de Partición de Palestina, los cargos públicos abajo firmantes escribimos esta misiva por la dignidad, la justicia y la igualdad.

Desde aquel 29 de noviembre y hasta la fecha, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, su Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos han emitido cientos de resoluciones instando al respeto de los derechos humanos y a la búsqueda de una solución de paz justa y duradera para Palestina. Desde la reafirmación del derecho al retorno en la Resolución 194 de 1948, hasta la última condena a los asentamientos del Consejo de Seguridad en diciembre del 2016 mediante la Resolución 2234. Todas ellas incumplidas. Todos los incumplimientos impunes.

Más de siete décadas han pasado ya desde que comenzó lo que se conoce como Nakba Palestina. Un proceso colonial de limpieza étnica y apartheid por el que, hasta la fecha, ni una sola persona ha rendido cuentas ante la justicia internacional. Las más de siete millones de personas palestinas refugiadas que no pueden volver a sus hogares son testigo de ello. También lo son el millón y medio de personas palestinas que residen como ciudadanos y ciudadanas de segunda o tercera categoría en Israel, bajo un régimen de violencia institucionalizada que cuenta con más de 70 leyes que les discriminan de manera directa. La población palestina de Cisjordania y Jerusalén Este sigue esperando justicia, sometida a una brutal ocupación militar desde hace 50 años en la que el único avance que se ve sobre el terreno es el de las colonias ilegales que se van comiendo cada vez más partes de su tierras y campos de cultivo.

Especialmente sangrante es la situación en la que viven las más de 2 millones de personas que residen en la Franja de Gaza, muchas de ellas refugiadas. Naciones Unidas afirma que en 2020 Gaza será un territorio inhabitable debido a las inhumanas condiciones en las que sobrevive su población. ¿La causa? Organizaciones internacionales de derechos humanos y la propia ONU lo tienen claro: el bloqueo ilegal al que Israel somete a la población palestina de la Franja desde hace ya más de 10 años. La población gazatí sobrevive cada vez con menos agua potable, con menos horas de electricidad, con menos medicinas y menos recursos, pero con una dignidad y una resiliencia que no se agotan nunca. La vida en Gaza es una lucha diaria por la supervivencia.

Condenar la ocupación no es suficiente. Condenar los ataques contra la población civil no basta. Al igual que se hizo con el régimen de discriminación racial institucionalizada de la Sudáfrica del apartheid, hace falta ponerle fin a las complicidades de los gobiernos europeos, de los Estados Unidos y de las potencias occidentales en el mantenimiento de un sistema de injusticia que ya dura demasiadas décadas. Juristas de reconocido prestigio como John Dugard, Virginia Tilley o José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, han señalado en numerosas ocasiones de que la situación en Palestina se corresponde con la un régimen de apartheid. Actuemos en consecuencia.

Hay que dejar de armar a Israel, dejar de reconocer y normalizar relaciones con un estado que tiene una conducta profundamente anormal. Tenemos que asumir nuestras responsabilidades como instituciones públicas y negarnos a alimentar la injusticia. Negarnos a prestar asistencia material a la comisión de crímenes de guerra o contra la humanidad no es sólo una obligación moral, no es un acto de caridad o solidaridad, es una obligación legal. Richard Falk, antiguo relator especial de las Naciones Unidas afirmaba recientemente que la campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones liderada por la sociedad civil palestina “no sólo es un instrumento esencial para cambiar las relaciones poder; es el único instrumento viable en este momento”.

Hagamos que la balanza no caiga del lado del poder, sino de la justicia. Asumamos nuestra obligación como cargos públicos de promover y garantizar el respeto a los derechos humanos, aquí, en nuestros pueblos y ciudades y en Palestina.

Firman esta carta los sigueientes cargos electos de Sí se puede y de las confluencias municipalistas en las que participamos o apoyamos:

Acacia Martín González, concejala de Unid@s Sí Podemos en el Ayuntamiento de La Orotava (Tenerife).
Agustín Espinosa Díaz, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Candelaria (Tenerife).
Ángel Guanche, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Tacoronte (Tenerife).
Antonio González Fortes, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Buenavista (Tenerife).
Asun Frías Huerta, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Carlos A. Hernández Chinea, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Valle Gran Rey (La Gomera).
David Hernández Díaz, concejal de la Asamblea Ciudadana Portuense en el Ayuntamiento de el Puerto de la Cruz (Tenerife).
Eduardo J. Pérez Hernández, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Fuencaliente (La Palma).
Eligio Hernández Bolaños, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Fidel Vázquez, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de El Rosario (Tenerife).
Guzmán Correa Marichal, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Valle Gran Rey (La Gomera).
José Luis Hernández, concejal de Unid@s Se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife).
Lourdes Galindo, concejala de Sï se puede en el Ayuntamiento de Güímar (Tenerife).
Manuel Antonio Martín Rocha, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Tegueste (Tenerife).
María del Carmen Coello González, concejala de Sí se puede en el Ayuntamiento de Candelaria (Tenerife).
Maria del Rosario Guerra Rodríguez, concejala de Iniciativa Ciudadana de Firgas en el Ayuntamiento de Firgas (Gran Canaria).
María Montserrat Ramos Marrero, concejala de Unid@s Sí Podemos en el Ayuntamiento de La Orotava (Tenerife).
María Nebot Cabrera, consejera de Igualdad y Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria.
Melissa Méndez Luis, concejala de Sí se puede en el Ayuntamiento de Buenavista (Tenerife).
Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Raúl González Suárez, concejal de Unid@s Sí Podemos en el Ayuntamiento de La Orotava (Tenerife).
Roberto Padrón Velázquez, concejal de Sí se puede en San Sebastián de La Gomera.
Rubens Ascanio Gómez, portavoz de Unid@s Se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife).
Ruyman Expósito, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Güímar (Tenerife).
Sonia Beltrán de Guevara, concejala de Unid@s Se Puede El Sauzal en el Ayuntamiento de El Sauzal (Tenerife). 

Violeta Moreno, concejala de Sí se puede en el Ayuntamiento de Tacoronte (Tenerife).

Yaiza Afonso Higuera, concejala de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Puedes leer el listado completo de firmantes en este enlace. https://boicotisrael.net/bds/350-cargos-publicos-denuncian-apartheid-israeli/