¿Salud pública sin derechos ni democracia?. Arturo Borges Álamo
La clave radicaría en el efecto de disminución de las desigualdades sociales en la salud de las referidas políticas intersectoriales. Sería una herramienta potencialmente coste-efectiva para obtener ganancias en salud. Sin embargo, con la coartada de la crisis, se están aplicando recortes en las políticas de protección social que están contribuyendo a aumentar las desigualdades sociales en salud cuyas causas, desempleo, pobreza, marginación social, desigualdad de ingresos, etc., y la causa de las causas, el ultraliberalismo capitalista, con la destructiva intervención de los llamados “mercados”, no se están viendo abordadas por las políticas públicas. Así pues, no se actúa en consecuencia mejorando los determinantes sociales de la salud sino todo lo contrario, se empeoran estos, por lo que el deterioro de la salud y de la asistencia sanitaria de la población está servido.
Es decir, hoy estamos mucho más lejos de nuestra propuesta, y de los aspectos positivos de la Ley General de Salud Pública que entró en vigor el 6 de octubre de 2011, apoyada unánimemente por todos los grupos del Parlamento de Canarias como base para un desarrollo legislativo canario acorde con esta última, y de ello hace escasamente dos meses. Y es que los acontecimientos se precipitan a una velocidad inaudita, entiéndase que lo que va a toda máquina es el afán liquidador y privatizador de los servicios públicos por parte del capital financiero y de los gobiernos a su servicio pleno (el de Rajoy) o “colaboradores necesarios” (el de CC y PSOE).
Y en bastante medida ha colaborado ya el Gobierno de Canarias, en particular desde la Consejería de Sanidad del PP de 2007-2010 y también con CC desde 2010 hasta la fecha, citando solo el último periodo de los 16 años en los que dicho grupo político ha controlado la sanidad canaria. Ahora CC se desgañita contra las medidas de Rajoy, pero estamos convencidos de que no va a actuar coherentemente, con esa pose, frente a ellas, porque ni interviene con medidas fiscales potentes para garantizar una sanidad pública de calidad, ni tampoco va a desobedecer y boicotear el decreto de contrarreforma sanitaria. Otra actitud mínimamente coherente, con la nueva pose, de los miembros del gobierno de Canarias y de los grupos parlamentarios que lo apoyan, que se rasgan las vestiduras de boquilla, podría ser la dimisión de sus cargos de consejer@s y diputad@s por “objeción de conciencia” individual y de sus respectivos grupos políticos.
Sin embargo, sabemos que nada de eso sucederá. También sabemos que ante todo lo que denunciamos solo habrá una actitud coherente, la de la ciudadanía, de resistencia colectiva ante los recortes. Con los elementos de juicio que nos da la lectura del Plan Nacional de Reformas del Gobierno de Rajoy y sus diversos mecanismos prohibitivos, coercitivos y sancionadores, en los que seguramente se va a sustentar la posición más o menos colaboradora de las administraciones públicas de todo nivel y signo político, aunque alguna habrá que no entre por el aro, va a tener que ser la ciudadanía movilizada masivamente en torno al más amplio frente de rechazo social y político la que dé esa batalla y la que pueda ganarla.
Pero en ella no solo están en juego los servicios públicos y los derechos sociales y laborales conquistados tras siglo y medio de luchas, sino también derechos humanos elementales, como en el caso de los inmigrantes cuyo derecho a la salud debe ser resuelto por los poderes públicos, o la propia soberanía democrática de la ciudadanía e instituciones de la misma como son, particularmente, los ayuntamientos. Precisamente, en estos momentos se requiere también la más estrecha alianza de los mismos con sus poblaciones en un apoyo mutuo para enfrentar el referido Plan de Reformas que los pone en el disparadero. Y otro tanto podría decirse respecto a los Cabildos, salvo que como decíamos respecto al Parlamento y al Gobierno de Canarias sean incapaces de salirse de su papel de “colaboradores necesarios” de las políticas ultraliberales como lo están demostrando día a día.
Por tanto, y como estamos ante un envite que supone una amenaza brutal a la línea de flotación constituida por los elementos más básicos de un modelo de convivencia mínimamente democrático, hay que tocar a arrebato para la movilización de la ciudadanía en general, y de sus colectivos y organizaciones sociales, sindicales y políticas, pero también de sus instituciones democráticas, particularmente de los ayuntamientos, sin renunciar a avanzar hacia un movimiento conjunto de coherencia y desobediencia generalizada a las medidas antisociales, antidemocráticas, inhumanas y desestabilizadoras de la vida de las personas e instituciones más vinculadas con ellas, que pretenden imponer los enemigos objetivos comunes desde las instancias del poder económico y político de las más elevadas oligarquías de aquí, de allá y de acullá.
Y llegados a este extremo, retomando lo que inicialmente nos preocupaba, preguntábamos ¿de qué salud pública vamos a hablar sin derechos y sin democracia? No es posible una sin lo demás. Eso será lo que tendremos que responder.
Miembro del Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Pública