Unid@s se puede exige la protección del sector cultural ante los alarmantes niveles de precariedad e incumplimiento del pago a proveedores

María José Roca, concejala del grupo municipal Unid@s se puede, presenta al pleno ordinario de marzo una moción para la protección de los derechos laborales de los creadores e intérpretes con el objetivo de combatir la precariedad del sector cultural que sufre “contrataciones que incumplen el convenio colectivo tanto en el ámbito privado como desde las instituciones”.

La concejala denuncia que “el trabajo en la cultura ha sido considerado tradicionalmente como de segunda categoría” lo que implica que a los profesionales se les ha escatimado un reconocimiento de derechos laborales que sí hay en otras profesiones. Roca asegura que esta iniciativa plenaria “surge de la propia preocupación de los colectivos que representan al sector, con los que han celebrado varias reuniones en los últimos meses para darle forma a la propuesta”. En este sentido, la Unión Estatal de Sindicatos de Músicos, Intérpretes y Compositoras describe que “es habitual el cobro en negro, la no cotización en la seguridad social o cachés que dependen del número de bebidas vendidas en conciertos”.

Una reciente encuesta de la unión de sindicatos revela unos niveles de precariedad en Canarias que la edil considera alarmantes y que implican que la mayoría de los profesionales no puede vivir únicamente del sector de la música. El 35,4 por ciento de los encuestados obtiene solo un quinto de sus ingresos de la música, el 57,6 por ciento gana menos de 10.000 euros anuales, el 27,6 tiene unas ganancias de entre 10.000 y 20.000 euros y solo un 14,8 por ciento gana más de 20.000 euros al año.

La precariedad que afecta a los trabajadores y trabajadoras de las industrias culturales y creativas sucede a espaldas del convenio colectivo estatal del personal de salas de fiesta, baile y discotecas de 26 de abril de 2012. El texto recoge que las actuaciones deben estar amparadas por un contrato de trabajo mientras que casi el 100 por 100 de las contrataciones por parte, tanto de la administración pública como de los promotores privados, es mercantil y no laboral lo que obliga a estos trabajadores a constituirse falsamente como autónomos.

En el municipio de San Cristóbal de La Laguna, los retrasos en los pagos por los servicios de los artistas son de entre seis meses y un año de media, por lo que María José Roca critica que “muchas personas están viviendo a base de préstamos y ayudas de los familiares”. Recientemente, los artistas denunciaron que en vísperas de la Noche en Blanco de 2018 no habían recibido el dinero por sus actuaciones del año anterior. En la moción, la edil demandará el cumplimiento del convenio colectivo de 2012 y el establecimiento de acciones necesarias para que el Ayuntamiento cumpla con la Ley de Pago a Proveedores. “No es normal que se dé esta situación de forma continuada y no se haya hecho nada en el mandato para resolverla por parte de José Alberto Díaz y su equipo, ya hay artistas que directamente no contratan con nuestro Ayuntamiento”, explica.

María José Roca considera que “las industrias culturales y creativas están llamadas a jugar un papel de primer orden en la competitividad de la economía de Canarias y en la transición hacia el nuevo modelo productivo, ya que ofrecen un elevado potencial como detonantes de procesos de innovación, activando los recursos, conocimientos y talento creativo, que son definitorios de este sector de actividad”. El sector cultural emplea a 27.195 personas en Canarias según los datos del Censo de 2011, lo que supone un 3,6% de la población activa.

Con esta moción la concejala espera “mejorar las condiciones de trabajo de un colectivo importante, que presta un servicio cultural clave para el municipio y con el que se debe cumplir la legalidad para ayudar a acabar con la precariedad”.