Sí se puede recuerda que CC conocía las irregularidades de Emmasa

Sí se puede recuerda que CC conocía las irregularidades cometidas por la multinacional Sacyr-Vallehermoso en la gestión del servicio público del agua en la capital tinerfeña al hacerse cargo de la gestión de la empresa Emmasa tras su privatización en 2005.

“Ni Bermúdez ni Coalición Canaria pueden aparentar desinformación sobre el caso, porque, desde que Sí se puede entró en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, nuestro grupo dedicó gran parte de su labor a advertir de manera reiterada al gobierno municipal sobre los desmanes de la multinacional y a llamar la atención sobre la errónea relación entre el gobierno municipal y la empresa”, asegura Pedro Fernández Arcila, que fue portavoz de Sí se puede en la corporación desde que su organización llegó a la institución, durante los mandatos 2011-2015 y 2015-2019.

Arcila insiste en recordar el papel desarrollado por Sí se puede en relación a la gestión de Sacyr-Vallehermoso en Emmasa durante su labor como única oposición efectiva en el Ayuntamiento capitalino a raíz de conocerse este martes, 26 de enero, que un dictamen del Consejo Consultivo de Canarias avala la decisión de la exalcaldesa, Patricia Hernández, de reclamar a la multinacional los 59 millones de euros que pagó en concepto de canon al ser escogida como empresa adjudicataria del servicio y que CC –bajo el mandato de Miguel Zerolo– decidió perdonar y devolvió.

Las principales figuras de CC que adoptaron estas decisiones, Miguel Zerolo como alcalde, y Norberto Plasencia, como concejal de Servicios Públicos, que presidía el consejo de la sociedad mixta entonces, están hoy en la cárcel, condenados, respectivamente, por el Caso Las Teresitas y el Caso Mamotreto.

A juicio de Sí se puede, “los desmanes e irregularidades cometidos por la multinacional desde la privatización de la gestión del servicio público del agua han sido permanentes y no se limitan a lo señalado ahora por el Consejo Consultivo ni se circunscriben al mandato de Zerolo”, apunta Arcila.

A los 59 millones de euros devueltos ilegalmente a la matriz de la multinacional, Sí se puede añade otros 45 millones de euros que Sacyr debe a la ciudad, por inversiones no ejecutadas, 10 millones por reparaciones no realizadas y 17 por subcontrataciones ilegales, según pudo contabilizar el grupo de la organización ecosocialista durante su investigación de la gestión de Sacyr en Emmasa.

Se trata de “pérdidas cuantiosas que Sí se puede reclamó a Bermúdez que recuperara, una exigencia que obtuvo el silencio por respuesta”. A estas cantidades hay que sumar las pérdidas provocadas por la subcontratación de servicios a empresas del mismo grupo empresarial de Sacyr, que ha causado entre 2006 hasta 2015 daños patrimoniales al Ayuntamiento por valor de 5 millones de euros tras contratar presuntamente de forma irregular servicios por casi 17 millones de euros, según revela un peritaje judicial encargado por el tribunal que estudia la denuncia interpuesta por Sí se puede por este motivo.

En cualquier caso, la deuda de la multinacional con la corporación no se reduce a estas cuentas, puesto que, según considera Sí se puede, “es imprescindible que los servicios técnicos municipales emitan informes tras una auditoría completa de la gestión y creemos que el retorno de CC al gobierno municipal con Bermúdez al frente lo hará imposible”, apunta Arcila.

Sí se puede contempla entre las acciones irregulares de Emmasa pendientes de cuantificar la contratación –en contra de lo establecido en el contrato de adjudicación del servicio– de empresas del grupo Sacyr-Vallehermoso para la realización de servicios de desalación de aguas y de mantenimiento y conservación de la red de alcantarillado de aguas residuales y pluviales, depósitos de agua e imbornales. A ello se suma el incumplimiento del Plan de Inversiones; las subcontrataciones no autorizadas para la ejecución de labores previstas en el convenio como responsabilidad de la multinacional, que han supuesto un enorme sobrecoste; la deriva de fondos para pagos de altos directivos de Sacyr; la no aportación de documentación solicitada por el Ayuntamiento y el presunto incumplimiento del artículo 18 del pliego referido al Fondo de Reversión, entre otras.

A esta estafa al pueblo de Santa Cruz se suma el presunto delito medioambiental por los vertidos al mar de en torno a 20 mil metros cúbicos diarios de aguas residuales sin depurar durante al menos ocho años en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Buenos Aires, por el que están procesados el entonces concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, y responsables de las filiales de la multinacional que se encargaban de la gestión de la EDAR. La inhibición del Ayuntamiento en esta causa –iniciada por denuncias de Sí se puede–, al rechazar personarse como parte afectada, tal como propuso el grupo ecosocialista, ha significado también para el pueblo de Santa Cruz la pérdida de millones de euros en concepto de indemnización por lo que constituye el mayor atentado ambiental de Canarias.

Por todos estos incumplimientos, Sí se puede considera que se debe resolver el contrato para remunicipalizar el servicio, con el fin de garantizar una mejor atención a la ciudadanía y una gestión honesta y eficaz de los fondos municipales, que aporta la ciudadanía con el pago de las tarifas.