Sí se puede solicita la salida de Domingo Castillo Gil como concejal en Tacoronte
Sí se puede solicita que el pleno del Ayuntamiento de Tacoronte declare vacante la plaza de concejal que ocupa hasta ahora el actual segundo teniente de alcalde, Domingo J. Castillo Gil. Así lo ha solicitado la portavoz del grupo ecosocialista en el municipio del norte de Tenerife, Violeta Moreno, en un escrito dirigido al pleno, en el que plantea que debe entenderse que Castillo deja su plaza vacante, al no haber reclamado la declaración de incompatibilidad establecida en septiembre de 2015 por el pleno.
La iniciativa de la organización ecosocialista se fundamente en varios antecedentes que dejan en evidencia que Castillo incumplió los límites establecidos por la normativa sobre incompatibilidades al ejercer al mismo tiempo sus funciones como concejal responsable del área de Recursos Humanos y paralelamente haberse personado como letrado en representación del Ayuntamiento de Tacoronte en el Procedimiento abreviado 115/2013 Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3, que versa sobre asuntos de Personal que afectan a la corporación.
“Nuestro objetivo principal para presentar este documento es aclarar la situación actual del concejal –explica Moreno–. Nuestra misión como oposición es controlar, fiscalizar y proponer y en este caso estamos fiscalizando un hecho que nos preocupa porque se trata de un caso de una incompatibilidad grave”.
El documento presentado por Sí se puede apunta que Castillo, por su condición de concejal del área, tuvo conocimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia de Canarias el 19 de noviembre de 2015. “Por tanto, hasta que se dictara sentencia (…) y durante el trámite de ejecución de la sentencia de este asunto, que afectaba a personal del ayuntamiento, Domingo J. Castillo Gil simultaneó la defensa de la corporación como letrado de la causa con el cargo de concejal de Recursos Humanos”.
Por este motivo, Sí se puede considera que el citado concejal incurrió en una doble incompatibilidad: al actuar, por un lado, como abogado del ayuntamiento en un procedimiento judicial en defensa de la corporación, y, por otro, como contratista con la Corporación Municipal de una prestación de servicios jurídicos, siendo concejal.
La organización ecosocialista recuerda a la corporación de Tacoronte que el pleno del 10 de septiembre de 2015 había establecido la declaración de incompatibilidad, sin embargo, el concejal no optó en el plazo de diez días siguientes a la notificación de la incompatibilidad entre la renuncia a la condición del concejal o el abandono de la situación que dio origen a esta declaración. Por tanto, solo queda como acción posible acorde a la ley entender que Castillo renuncia a su cargo, ya que, como establece del artículo 10.3 del ROF, al haber transcurrido un plazo de diez días, “se entenderá que el afectado ha renunciado a su puesto de concejal o diputado, debiendo declararse por el Pleno corporativo la vacante correspondiente y poner el hecho en conocimiento de la Administración electoral a los efectos previstos en los artículos 182 y 208 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General”.