Sí se puede exige la paralización del cobro de los recibos prescritos a personas residentes en Abades
La organización ecosocialista pedirá también un pleno extraordinario y urgente antes de final de mes para paralizar el cobro y lamenta que el PSOE votara a favor de este Considera imprescindible la revisión total del proceso ante la caducidad de los plazos del convenio con Gestur
Sí se puede exige al Ayuntamiento de Arico la paralización inmediata del cobro de los recibos prescritos a todos los integrantes de las comunidades de personas propietarias Cantera del Sol y Cantera de Abades. en el barrio costero de Abades, por la urbanización de buena parte del barrio.
La organización ecosocialista pedirá también un pleno extraordinario y urgente antes de final de mes para paralizar el cobro y lamenta que el PSOE votara a favor de la ejecución de este cobro. A juicio de Sí se puede, es imprescindible la revisión total del proceso ante la caducidad de los plazos del convenio con Gestur para la urbanización.
El montante total, 1.480.356,27 euros, ha sido exigido con el plazo vencido, según la ley General Tributaria, ya que han pasado más de cuatro años. “No se atendió la petición de la gente de revisar los excesivos costes de la urbanización y el convenio con Gestur caducó. El cobro del recibo es un atropello por culpa de un gobierno que se ha vuelto a retrasar en la gestión”, asegura el portavoz de la organización en la corporación, Sebastián Martín, al señalar las irregularidades del proceso.
La organización ecosocialista recuerda que los vecinos de Abades nunca se han negado a participar en los costes de la urbanización, tanto es así, que las comunidades de personas propietarias están recomendado la solicitud del pago aplazado para poder hacer frente a las importantes cifras de los recibos, una recomendación a la que se suma Sí se puede, por responsabilidad.
“Los propietarios se han visto desamparados después de años poniendo dinero de su bolsillo para asfaltar calles, poner farolas y colocar bancos. Lo han hecho todo y el Ayuntamiento les pide ahora cantidades de más de 3.000 euros por vivienda. Además, de prosperar la justa reivindicación, el concejal de Hacienda tendrá que hacer frente a otro desajuste presupuestario más”, apunta Sebastián Martín para indicar los problemas que también ha generado la situación para el municipio.
Sí se puede lamenta además la incoherencia y oportunismo del PSOE, que votó a favor de este cobro irregular en el pleno ordinario de 28 de septiembre de 2017, en una sesión en la que se anuló un acuerdo previo para después encomendar al Consorcio de Tributos que cobrara a los propietarios. “Repitieron un pleno para anular un acuerdo previo y exigir el pago a los vecinos. CC, PP y PSOE se unieron en ese momento y ahora ha sido la gente le que se ha unido para parar este atropello. No se puede engañar así a la gente y jugar con su dinero de esta manera”, afirma Martín.