Arcila exige garantías a la subrogación de la plantilla que prestaba el servicio de mantenimiento
Sí se puede reclama en el pleno el inicio del expediente para la licitación
El portavoz del grupo de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Fernández Arcila, exige al gobierno de CC-PP en la corporación garantías a la subrogación de la plantilla de trabajadores que prestaba el servicio de mantenimiento hasta su despido el pasado mes de marzo por parte de la anterior empresa adjudicataria del servicio, Elecnor.
“Han transcurrido tres meses desde que dejó de prestarse el servicio y seis meses desde que Elector anunció que renunciaba a continuar prestándolo, sin que se haya iniciado la tramitación de la nueva licitación, por lo que la situación de los trabajadores es de absoluto desespero”, asegura Arcila, que preguntará al gobierno de CC-PP en el pleno este viernes, 27 de abril, cuándo tiene previsto iniciar este expediente el equipo dirigido por el alcalde José Manuel Bermúdez.
El grupo ecosocialista reclama el inicio del expediente para la licitación del servicio público de mantenimiento, reforma, ampliación y mejora de colegios públicos, dependencias y edificaciones municipales y que este documento recoja en sus pliegos la cláusula que garantice esa subrogación, una condición que es exigida por la ley.
Arcila recuerda que el pleno del pasado 9 de abril rechazó una moción de Sí se puede para garantizar los puestos de trabajo en este servicio municipal. No obstante, durante la sesión, el concejal de responsable del Área de Servicio Público, Dámaso Arteaga, volvió a afirmar que se incorporaría al pliego una cláusula de subrogación, de tal forma que quedaría garantizado el derecho de los trabajadores del servicio a continuar en su puesto de trabajo.
Sin embargo, la plantilla continúa sin tener noticias de actuaciones del grupo de gobierno en este sentido, por lo que su inquietud continúa. A juicio de la organización ecosocialista, la situación debe resolverse de inmediato, no solo por un compromiso con el personal, sino, además, por la obligación de toda institución pública a cumplir la ley.