Izquierda Unida y Sí se puede piden el 40% del suelo urbanizable de la Refinería para viviendas sociales
Presentan una moción para ampliar el suelo destinado a vivienda protegida en todos los planes urbanísticos municipales Santa Cruz tiene una lista de espera de 6.463 demandas y sólo cuenta con 4.884 viviendas de alquiler social, ya habitadas
Izquierda Unida Canaria y Sí se puede llevarán al pleno municipal de Santa Cruz que se celebra este viernes una moción para destinar el 40% del suelo urbanizable de los terrenos de la Refinería a la construcción de viviendas sociales. La propuesta plantea que el Ayuntamiento reserve la mayor parte posible de suelo destinado a vivienda protegida al planificar el uso futuro de los terrenos de la Refinería sobre los que ubicará la próxima expansión importante de nuestro municipio.
Es uno de los cuatro puntos de acuerdo que establece la moción, que será defendida por los portavoces de IUC, Ramón Trujillo, y de Sí se puede, Pedro Fernández Arcila. El texto pide que se incluya en todos los planes generales de ordenación, todos los planes rectores de uso y gestión de parques rurales y todos los planes especiales protegidos, al menos un 40 por ciento del suelo urbano o urbanizable a la construcción de viviendas sometidas a regímenes de protección pública y que la distribución de tal adscripción “se realice en cada uno de uno de los elementos de Ordenación que se aprueben, de tal forma que no se formen barrios en que la totalidad de las viviendas sean solo de protección”. Asimismo pide instar al Gobierno de Canaria a la firma de convenios con el Ayuntamiento de Santa Cruz para edificar viviendas protegidas al igual que lo hace en otros municipios.
Ramón Trujillo explica que Santa Cruz necesita dotarse de un parque público de vivienda para el alquiler muy superior al actual y “la manera de disponer de vivienda protegida que no acabe en el mercado libre y que, además, sirva para atender en cada momento a quienes cuentan con rentas más bajas es con la reserva de suelo”.
La moción responde a las conclusiones de un informe elaborado en agosto pasado por el Instituto Municipal de Atención Social que destaca el incremento de las dificultades de encontrar vivienda para los colectivos con rentas bajas en el municipio.
El creciente contexto de empobrecimiento social, sumado a la presión del alquiler vacacional (en los dos últimos años ha aumentado un 58%) y la creciente adquisición de viviendas por extranjeros (en Canarias en 2017 el 31,3% de las viviendas vendidas fueron compradas por extranjeros frente al 13,1% estatal) hacen casi imposible acceder a una vivienda en un mercado reducido como el de Santa Cruz.
Según datos del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, la ciudad cuenta con 12.600 viviendas en régimen de alquiler de las que 4.884 son viviendas públicas de alquiler social ya habitadas. Frente a estas cifras, Trujillo recuerda que en este momento hay registradas en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias 6.463 demandas de vivienda protegida en régimen de arrendamiento en nuestro municipio.
Los cálculos de un estudio publicado por la Fundación Alternativas señalan que de 2016 a 2030, España deberá dotarse de 2.650.000 viviendas para el alquiler social. Trasladando esas cifras a Santa Cruz necesitaremos unas 11.660 viviendas, lo que supone incorporar más de 900 viviendas anuales al parque público.
A juicio de Ramón Trujillo “sin un esfuerzo en materia de generación de vivienda en alquiler social muy superior a todo lo que se ha previsto hasta hoy, los problemas de materialización del derecho constitucional a la vivienda es muy probable que se agraven en el futuro. Y son problemas que sólo se pueden prevenir y solventar con estrategias de medio y largo plazo”.
“En esta nueva parte de la ciudad que se va a construir debe preverse una importante dotación de vivienda pública de tal manera que pueda atenderse a parte de la demanda que reclama nuestro municipio, sabiendo además que la conformación de un centro urbano que reparta equitativamente el suelo urbano entre la vivienda libre y la vivienda protegida expresará la conformación de una zona urbana con presencia de diferentes clases sociales, lo que representará, según reconoce los especialistas en geografía urbana, un elemento de especial importancia para posibilitar la cohesión social”.