Sí se puede e Izquierda Unida Canaria exigen garantizar el mantenimiento de colegios y dependencias municipales

Sí se puede e Izquierda Unida Canaria (IUC) llevan al pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz del próximo lunes 9 de abril una moción en la que proponen medidas para garantizar el servicio público de mantenimiento, reforma, ampliación y mejora de colegios públicos y edificaciones municipales de la corporación. Para ello, plantean respetar los derechos laborales básicos de la plantilla adscrita a este servicio, que no pueden verse cuestionados por el retraso en la nueva licitación, tras haber concluido la concesión a la última adjudicataria, Elecnor SA, el 4 de febrero pasado, ya que el Ayuntamiento es el responsable de esa demora.

Los portavoces de Sí se puede e IUC en la corporación, Pedro Fernández Arcila y Ramón Trujillo, respectivamente, señalan al alcalde, José Manuel Bermúdez, por haberse despreocupado de garantizar este servicio de mantenimiento y por dejar en la estacada a los trabajadores con más de veinte años de antigüedad. Arcila y Trujillo consideran “de enorme gravedad el estado de indefensión en el que se encuentra el personal adscrito al servicio, motivado exclusivamente por la pasividad del equipo de gobierno”, según figura en el texto de la moción.

Asimismo, ambas organizaciones exigen al gobierno de CC-PP que dé por finalizada la licitación fraccionada de este servicio, dada su ilegalidad, y que cumpla la sentencia firme del juzgado de lo social n.º dos de 2 de marzo de 2015, que, con motivo de una denuncia colectiva por despido, estableció entonces la adscripción del personal a la plantilla municipal ante la ausencia de una nueva empresa adjudicataria.

Finalmente, Sí se puede e IUC reclaman que se investiguen las actuaciones del Área de Servicios Públicos desde que en noviembre de 2017 Elecnor comunicó su intención de no prorrogar el contrato, con el fin de determinar las causas que motivaron la tardanza en la nueva licitación y que esta concejalía entregue obligatoriamente información detallada sobre esta situación.

A juicio de ambas organizaciones, la situación es preocupante y se ha visto agravada tras las incertidumbres que surgieron en el debate de la pasada Comisión de Control, en la que el concejal responsable del área de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, solo consiguió aumentar, si cabe, la inquietud sobre este asunto. En esta semana, la plantilla de trabajadores cumple ya dos meses sin que se les permita realizar el servicio público al que están adscritos por la pasividad del Ayuntamiento.

A ello se suma la no prestación de un servicio público que permite no solo garantizar el buen funcionamiento de estos edificios públicos, sino también realizar todos los actos de mantenimiento precisos para reducir el riesgo por daños en colegios públicos e inmuebles municipales. Esta suspensión del servicio, además de colocar en riesgo a la población, también tiene una derivación en materia de responsabilidad civil o de otro orden que, en todo caso, no sería asumido por la compañía de seguros con la que el Ayuntamiento lo tiene concertado.