Sí se puede pide al gobierno de CC-PP en Santa Cruz que explique cómo van las negociaciones para evitar cortes eléctricos a las personas con pocos recursos económicos

Sí se puede pide al gobierno de CC-PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que explique cómo van las negociaciones para establecer convenios para evitar cortes eléctricos a las familias con menos recursos económicos. Con este fin, la concejala del grupo municipal ecosocialista Asun Frías ha pedido la comparecencia del concejal presidente del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), Óscar García González, para que responda ante la Comisión de Control municipal, que se celebra el próximo jueves, 9 de octubre.

Frías recuerda que el pleno de Santa Cruz aprobó por unanimidad en julio de 2016 una moción de Sí se puede en la que se planteaba establecer acuerdos con las compañías comercializadoras de electricidad con este fin. El objetivo de la petición de comparecencia es conocer los pasos que ha dado el gobierno municipal y los resultados que se han logrado en las negociaciones con las compañías comercializadoras de electricidad para el cumplimiento de esta moción. “Han transcurridos 15 meses desde su aprobación y no nos consta que el IMAS ni el Ayuntamiento de Santa Cruz hayan firmado nuevos convenios con las eléctricas en el sentido planteado”.

El texto de la moción fue consensuado durante la sesión plenaria para su aprobación por parte de todos los grupos políticos, de forma que, por unanimidad, el pleno decidió el 22 de julio de 2016 “continuar la negociación con las compañías comercializadoras de electricidad para establecer un convenio que evite los cortes eléctricos a las familias con menos recursos económicos de nuestro municipio, mejorando las condiciones del que ya existe entre la FECAM y ENDESA”, además de trasladar el acuerdo final a la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para que todos los integrantes puedan beneficiarse de sus posibles mejoras.

Sí se puede planteó esta iniciativa en 2016 inspirado por el convenio suscrito en mayo de ese año por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la empresa ENDESA, que mejoran sustancialmente el firmado en noviembre de 2015 entre la empresa y la FECAM. Una de las mejoras alcanzadas por el gobierno progresista de Las Palmas es que basta una valoración técnica por parte de las Unidades de Trabajo Social (UTS) municipales para proceder a la suspensión del corte de suministro de energía eléctrica, mientras que en el convenio al que está acogido Santa Cruz es necesaria una resolución previa que certifique la concesión de una ayuda.

Además, en el convenio suscrito por la corporación de la capital grancanaria, se amplía el plazo de 30 a 60 días para que las familias se pongan al corriente del pago de los recibos mediante la citada ayuda económica que le facilitaría el Ayuntamiento mediante la fórmula del pago a terceros. Por otra parte, la administración local asume el coste del pago de la factura si no se ha resuelto la solicitud y el trámite de ayuda de emergencia social.

Sí se puede considera que “ese convenio de ENDESA con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria debe extenderse a todos los municipios de Canarias y, en particular, a Santa Cruz de Tenerife, dada la situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social de muchas familias de esta capital, agravada por su condición urbana y de capitalidad”, asegura la concejala.

Frías recuerda que en 2016 el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife concedió 2064 Prestaciones Económicas de Asistencia Social (PEAS) para costear el suministro eléctrico a las familias solicitantes, lo que ha supuesto un importe de 281.249,07 euros en total. El proceso de solicitud de PEAS a través IMAS dura más de un mes en bastantes casos, de forma que no se evitan todos los cortes y se penaliza la restauración del servicio.