Una visión lagunera del más que probable pelotazo de Geneto. Rubens Ascanio

Como ha desarrollado extensamente en varios artículos el periodista David Cuesta, la Fiscalía ve “indicios contundentes” de prevaricación y malversación en el llamado caso Geneto, que se basa en la compra de terrenos del Club Deportivo Tenerife por parte de una sociedad pública del Cabildo Insular, que abonó 20 millones de euros para adquirir dos parcelas de Geneto, una cantidad que superaría en un 524% el valor catastral del suelo según los informes técnicos existentes.

Este procedimiento recuerda a otros como el de Las Teresitas, ya que incluye todo un debate sobre un suelo que a estas alturas ya debería ser público y donde parte del dinero recala en importantes empresarios, similares en algún nombre al caso anterior.

El caso Geneto también tiene su propio camino a nivel lagunero. El CD Tenerife eligió esta zona, concretamente el espacio conocido como El Cubanito, para el desarrollo de una flamante Ciudad Deportiva sobre 106.995,50 m2 de antiguos campos de cultivo, en una parcela que según el PGO vigente estaba destinada a usos deportivos, sobre suelo urbano consolidado.

El 19 de marzo de 1999 el expresidente de la entidad blanquiazul, Javier Pérez, registró en el Cabildo una propuesta por la que se pedían 350.000.000 de pesetas, unos 2.103.542,37 euros, para colaborar con la puesta en marcha de la Ciudad Deportiva, convenio que se formaliza a finales de ese mismo año. Los argumentos para dar este paso se sustentaban en que esta infraestructura tendría “una incidencia acusada e importante sobre la juventud de la Provincia de Tenerife” y además serían para el “beneficio de la promoción del deporte base en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con el consiguiente interés público de las mismas”.

El 16 de octubre de 2001 se desarrolla el contrato de las obras cubiertas por el Cabildo, que se presupuestaron en 402.684.163 pesetas, unos 2,4 millones de euros. El 30 de octubre de 2002, se puso en marcha la Segunda Fase de la Ciudad Deportiva, que implicó que entre 2002 y 2005 el Cabildo aportara otros 3.906.578,68 euros para la realización de diversas mejoras.

A pesar de esta importante inversión de recursos públicos los informes del Club Deportivo Tenerife indicaban, solo cuatro años después, que “el césped natural se ha perdido por imposibilidad de abonar las facturas de los proveedores de agua de riego. El césped artificial, por falta de riego, pone en peligro la integridad física de los deportistas. Hay falta de vigilancia para satisfacer un mínimo de seguridad. No se dispone de personal adecuado para el mantenimiento. La iluminación artificial no se ha podido poner en marcha por falta de liquidez para pagar las tasas correspondientes ante los organismos competentes y el importe del certificado final de obra”.  Por ello se toma la decisión de ampliar durante varios años consecutivos más de un millón de euros extra de aportaciones de dinero público, mediante un convenio con IDECO para mantener el césped y las instalaciones.

En ese momento, previo a los años estudiados por la Fiscalía, más de nueve millones de euros de dinero público se habían destinado a estas instalaciones, mucho más que el valor original de unos suelos que ya se podrían haber revertido a dominio público, tal y como se planteaba en el acuerdo inicial de este proyecto.

Los colores deportivos se entremezclan con los intereses económicos de grandes poderes de la Isla, que habían comprado parte de los suelos de la Ciudad Deportiva, parece que no solo para financiar al equipo de fútbol, sino que también para obtener de paso un bastante palpable enriquecimiento, como se plasma en la investigación abierta.

Mientras eso sucedía, ¿cuál fue el papel del Ayuntamiento? Parece que muy activo e implicado. Tras la creación de las empresas y a la compra de los suelos del NAP se producían llamativos cambios en el planeamiento urbanístico de la zona.

En el proyecto de Plan General de 2013 y 2014, promovido por el gobierno municipal de Fernando Clavijo, aparecía de golpe en la zona de la ciudad deportiva una enorme Unidad de Actuación. Del suelo de dotaciones deportivas se pasaba a facilitar la construcción de 99.000 m2 de oficinas e instalaciones logísticas, que ocupaban casi la totalidad de las actuales instalaciones deportivas. Además, se cambiaba el uso del suelo de los afortunados empresarios que años antes compraron los 33,000 m2 del Parque Empresarial Tenerife del siglo XXI, a precio de suelo deportivo, que podrían venderlo como suelo de máximo beneficio económico, buen negocio, no parece que solo fuera producto de la suerte.

A muchos nos chocó ese visible cambio en el planeamiento, que venía a significar que muchos millones de euros de fondos públicos, usados teóricamente para acondicionar ese espacio, serían convertidos en escombros de un plumazo urbanístico. La acción conjunta de las entidades vecinales de la zona, denunciantes de esa situación, y las labores de oposición de ese momento nos llevó a promover una iniciativa plenaria para detener esa posibilidad, que por fortuna ayudó a frenar esa evidente operación más que lucrativa.

Analizando este histórico, al que se suman las inyecciones económicas continuadas de partidas de dinero público, que en muchos casos han sido muy difíciles de justificar en el interés general, vemos como un espacio que ya debería haber sido recuperado para su uso 100% público sigue siendo un lugar donde obtener más y más recursos económicos y realizar operaciones urbanísticas, usando además unos colores deportivos muy queridos para miles de personas. El descaro del procedimiento parece absoluto, pagándose unos incrementos del valor del suelo totalmente desproporcionados y con procesos radicalmente contrarios al interés general.

Estoy convencido que desde el Ayuntamiento debemos velar decididamente por el buen uso público y el futuro estratégico de estas instalaciones deportivas, además de colaborar activamente a desenredar una maraña que indica, como en otros territorios, sobre el césped de los campos de fútbol y tras los colores de un club han vuelto a construir una operación más que oscura, mezcla de favores empresariales e intereses políticos difíciles de separar. Es necesario saber hasta que punto los cambios urbanísticos propuestos eran parte de esta operación.

Sin duda, el gran reto de este mandato es acabar de una vez con esos ecosistemas de la corrupción organizada, a costa de todo, que estuvieron tan bien alimentados y nutridos en el pasado a costa de millones de euros de dinero público. Creo firmemente que la ciudadanía no perdonaría lo contrario.