Polígono industrial

Ambas organizaciones están personadas como acusación popular, para dar continuidad a su papel en el freno al mayor atentado medioambiental contra el litoral de Tenerife   Destacan la importancia de que hayan sido desestimados por el juez los recursos presentados por Mari Brito y Gumersindo García (PSOE), de Candelaria; Carmen Luisa Castro (PP), de Güímar, y José Juan Lemes (PP y CC), de Arafo

Fidel Vázquez: “Estamos muy agradecidos, especialmente con el grupo insular de la coalición Sí Podemos Canarias por su iniciativa en el pleno de la semana pasada”

Rechazan rotundamente que se reste un solo euro de fondos públicos de los presupuestos municipales para costear un gasto surgido de un retraso en las obras gestionadas por e Consejo Insular

Señalan la incapacidad de los ayuntamientos del Valle y del Consejo Insular de Aguas para asumir su responsabilidad en poner fin a los vertidos de aguas industriales sin depurar al mar Reprochan a los gobiernos municipales la falta de transparencia en los plenos extraordinarios convocados ante el incumplimiento del plan de etapas para la puesta en marcha de la depuradora

Señalan la incapacidad de los ayuntamientos del Valle y del Consejo Insular de Aguas para asumir su responsabilidad en poner fin a los vertidos de aguas industriales sin depurar al mar   Reprochan a los gobiernos municipales la falta de transparencia en los plenos extraordinarios convocados ante el incumplimiento del plan de etapas para la puesta en marcha de la depuradora

Rebaja fiscal y de la factura de la luz, ventajas para las empresas del Polígono La Campana que formen la comunidad energética

Ambas organizaciones subrayan la importancia de sus denuncias para frenar el mayor atentado medioambiental contra el litoral de Tenerife Destacan la importancia de los señalamientos del juzgado sobre la responsabilidad de Mari Brito y Gumersindo García (PSOE), en Candelaria; Carmen Luisa Castro (PP), en Güímar, y José Juan Lemes (PP y CC), en Arafo

El incumplimiento de los plazos establecidos por el juzgado puede conducir a una medida que afecta a más de 3000 personas empleadas en las empresas ubicadas allí Los datos obtenidos evidencian que se requiere una depuración compleja y profunda