Sí se puede e Izquierda Unida reclaman que el Cabildo pague el traslado de aguas residuales del Polígono de Güímar a la EDARI de La Campana
Rechazan rotundamente que se reste un solo euro de fondos públicos de los presupuestos municipales para costear un gasto surgido de un retraso en las obras gestionadas por e Consejo Insular
Sí se puede e Izquierda Unida Canaria (IUC) reclaman que el Cabildo de Tenerife, a través del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF), pague el traslado de las aguas residuales procedentes del Polígono Industrial de Güímar a la Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales (EDARI) de La Campana, en El Rosario. Esta es una operación que comenzó el pasado viernes después de la aprobación de un nuevo plan de etapas y de la firma de un convenio con el Ayuntamiento de El Rosario con este fin, decisiones tomadas en plenos extraordinarios y urgentes convocados en los ayuntamientos de Güímar, Candelaria y Arafo la semana pasada.
Ambas organizaciones rechazan rotundamente que se reste un solo euro de los presupuestos municipales para costear un gasto surgido de un retraso en las obras para contar con una EDARI propia en el polígono. Es el CIATF la administración responsable del retraso de estas obras, por ello aseguran que no se puede permitir que los ayuntamientos tengan que destinar dinero al transporte de las aguas residuales y comprometer así partidas presupuestarias esenciales para la ciudadanía de los tres municipios del Valle de Güímar.
Asimismo, los dos partidos destacan la confusión sobre los términos expresados en el convenio firmado con el Ayuntamiento de El Rosario relativos al coste del traslado, según la información aportada por las respectivas secretarías municipales en los plenos de Candelaria y Arafo del pasado viernes, 4 de marzo. Así, sostienen que el secretario municipal de Candelaria informó que el coste previsto para este ayuntamiento sería de 47.955,07 euros, mientras que la secretaria municipal de Arafo informó que cada uno de los ayuntamientos del valle tendría que aportar algo más de 31.900 euros, en el peor de los escenarios.
Esta situación es una muestra clara de la precipitación e improvisación con la que se está actuando en este caso, lo que ha llevado a la celebración plenos en condiciones de excepcionalidad: dos plenos extraordinarios en el curso de una semana, Candelaria y Arafo, y uno en Güímar, con convocatorias urgentes que no han dado tiempo a ningún miembro de las corporaciones a estudiar los expedientes con el detenimiento que reclama una situación tan grave como la que se está abordando.
El traslado de las aguas contaminantes que se generan en los procesos industriales propios de las empresas asentadas en el Polígono de Güímar hasta la EDARI del Polígono La Campana es una salida provisional habilitada hasta que, finalmente, concluya la construcción de la EDARI prevista para el Valle de Güímar. Se trata de una respuesta extraordinaria y urgente a un problema causado por la mala gestión de las obras por parte del CIATF, ya que las obras debían haber concluido en septiembre de 2020, plazo en el que caducaba la autorización del Gobierno de Canarias a los vertidos sin control.
A juicio de Sí se puede e Izquierda Unida, la situación es extremadamente grave y no puede haber ni un aplazamiento más, porque ya se cumplen un año y cinco meses de vertidos no autorizados. El nuevo plan de etapas aprobado prevé que el plazo para la puesta en funcionamiento de la EDARI del valle puede concluir en diciembre de 2022, es decir que el incumplimiento sobre lo inicialmente previsto se acercaría a los tres años, de manera que, después de casi diez años, el Valle de Güímar está en la misma situación que cuando Sí se puede e IUC denunciaron los vertidos por la vía penal.