Recuperar el servicio de apoyo a la vigilancia y uso público del Parque Nacional del Teide, objetivo de Sí Podemos Canarias
El grupo insular preguntará al Gobierno por la situación de la empresa Tech, instalada en edificios públicos del Cabildo de Tenerife, tras ser denunciada ante la Fiscalía por el Gobierno de Canarias por carecer de autorización La coalición también indagará en el estado de las demandas judiciales del personal de ITER
El grupo de la coalición Sí Podemos Canarias en el Cabildo de Tenerife informa sobre las iniciativas que lleva al pleno de la corporación insular correspondiente al mesa de marzo. Los representantes de la coalición formada por Equo, Sí se puede y Podemos en el Cabildo llevan una moción y varias preguntas que presentará para debatir en la sesión plenaria.
La coalición insular defenderá una propuesta para que la corporación se comprometa a recuperar el necesario servicio de apoyo a la vigilancia y uso público del Parque Nacional de El Teide, expirado el 30 de noviembre de 2020, y cuya función resulta clave en estos momentos, en los que siguen incrementándose las visitas a este espacio protegido mientras el personal de Agentes de Medio Ambiente, Guardas del Parque Nacional y Agentes Forestales se ve sobrepasado ante la falta de plantilla y la necesidad de cubrir las tareas que realizaba el anterior servicio.
Para Sí Podemos Canarias es fundamental contar con un servicio de apoyo a la vigilancia en el Parque Nacional que cuide de la conservación y el buen uso del propio parque, algo que, tras la finalización de la encomienda de gestión con el personal de Tragsa, no ha sido resuelto y ahora se ha quedado el Parque Nacional sin el personal necesario, cualificado y con experiencia que realice esta tarea.
El grupo advierte que están sucediendo numerosas incidencias diariamente en el Parque Nacional que no llegan a la opinión pública, y muchas de ellas podrían impedirse si el Cabildo de Tenerife siguiese contando con el servicio de apoyo a la vigilancia que, durante casi 20 años, los y las profesionales de Tragsa han realizado de manera eficiente gracias a su formación y experiencia.
Las instituciones públicas no deben ser cómplices de la precarización laboral y la destrucción de empleo, y es justo lo que ha ocurrido en este caso. Sí Podemos Canarias afirma que el grupo de Gobierno no puede presumir de estar fomentando el empleo estable y de calidad, cuando no es capaz de recuperar los puestos de trabajo de una plantilla que resulta fundamental para la protección y conservación de nuestro mayor patrimonio natural.
Por otro lado, el grupo insular preguntará al grupo de Gobierno si tomará alguna decisión respecto a la situación de la multinacional Tech, la cual ha sido denunciada por el Gobierno de Canarias por publicidad engañosa, al anunciarse como universidad sin estar reconocida como tal, y que está instalada en inmuebles públicos del Cabildo ubicados en la dársena pesquera de Santa Cruz de Tenerife y que pertenecen a INtech.
La coalición leva meses advirtiendo en el Cabildo de Tenerife sobre el incumplimiento que se da al permitir que la empresa Tech esté alojada en el mencionado emplazamiento, puesto que dicho espacio no fue concebido para compañías de este tipo.
A este respecto, Sí Podemos Canarias recuerda que recientemente hemos exigido al grupo de Gobierno que esta compañía abandone las instalaciones insulares, pues es inadmisible que siga allí ubicada cuando dicha empresa ha anunciado que presentará querellas contra el Gobierno de Canarias, dirigidas al Director General de Universidades, y contra los rectores de las universidades públicas de Canarias, por haber denunciado a esta multinacional al anunciarse como universidad sin estar reconocida como tal, lo que es totalmente cierto.
Asimismo, Sí Podemos Canarias cuestionará al equipo de Gobierno por el estado en que se encuentran las reclamaciones del personal de la empresa pública ITER y su grupo empresarial. El grupo insular recuerda que en esta compañía se han presentado denuncias en los últimos años por una parte del personal temporal, ya que tienen contratos que presuntamente están en situación de fraude de ley, algunas personas hasta con 20 años de antigüedad en la empresa.