Sí se puede logra la reprobación de la alcaldesa de Buenavista por parte del pleno
La organización ecosocialista reprocha a Eva García que haya mentido y ocultado información La única concejala de CC, que ha sostenido al gobierno, se sumó a la iniciativa ecosocialista en la sesión plenaria de este martes
Sí se puede logró la reprobación de la alcaldesa de Buenavista, Eva García (PSOE), tras conseguir el apoyo del pleno a una moción de urgencia que su portavoz, Antonio González Fortes, presentó durante la sesión plenaria de este martes, 29 de enero, tras comprobar que García había mentido y ocultado información al pleno durante meses, desde octubre pasado, en un asunto relativo a la contratación de una asesoría jurídica externa con el objetivo de resolver la sobrecarga de trabajo de los servicios jurídicos municipales.
La organización ecosocialista consiguió el apoyo de la única concejala de CC, la primera teniente de alcalde, Ángeles González, que ha estado sosteniendo con su voto al grupo socialista en el gobierno municipal. Al sumarse su voto a los de los cinco concejales del grupo municipal de Sí se puede, el PSOE se encontró solo en la defensa de García.
“Consideramos que el grupo de gobierno debe ser valiente para defender las decisiones que toma sin recurrir a la mentira y a inventar informes inexistentes, tal como se evidenció en el duro debate que tuvo lugar ayer en el pleno”, asegura el portavoz de Sí se puede. “La alcaldesa debe asumir su responsabilidad sobre sus decisiones y sobre los efectos que tienen en la labor del personal municipal, que espera desde agosto pasado por una respuesta a su consulta sobre cómo se organiza su trabajo tras la contratación del servicio externo”, subraya.
Las irregularidades detectadas por Sí se puede en este caso evidencian que “se nos ha ocultado información de manera deliberada, a pesar de que en el escrito presentado por los servicios jurídicos municipales se hacía mención expresa sobre que se nos debía hacer llegar copia de la documentación. De esta manera, se nos ha menoscabado el derecho a la información recogido en la ley y se han omitido documentos de los expedientes administrativos, lo que nos hace dudar del correcto funcionamiento de la administración electrónica”, destaca González Fortes, quien manifestó durante la sesión plenaria que “en este salón de plenos se ha faltado a la verdad intentando justificar decisiones políticas con supuestos informes técnicos que no existen”.
González Fortes tomó la iniciativa de promover con carácter urgente la reprobación de la alcaldesa al descubrir que García había mentido a la oposición y que le había ocultado información sobre la contratación de un servicio externo de asesoría jurídica por parte del Ayuntamiento. Así, en el debate de la moción de reprobación, la alcaldesa reconoció que no existe el informe de los servicios municipales avalando esa contratación y que debía estar incluido en el expediente; además, García reconoció que de manera deliberada ocultó la información que los servicios jurídicos municipales recomendaban compartir con todos los grupos políticos del Ayuntamiento. Asimismo, se pudo saber que en el expediente de contratación no se incluyó un informe solicitado a la Federación Canaria de Municipios (Fecam).
González Fortes asegura que “todo este oscurantismo hace que se convierta en una contratación más que dudosa y en un expediente administrativo torticero e incompleto algo que en principio parecía lógico, ya que se trataba de contratar un servicio externo para descargar de trabajo a los servicios jurídicos municipales”.
Los hechos ocurrieron en el pleno de octubre de 2018, cuando la alcaldesa afirmó que existía un informe de los servicios jurídicos municipales que avalaba esta contratación. Sin embargo, este informe no figura en el expediente; es más, el documento no existe, tal como ha podido constatar Sí se puede tras consultar por segunda vez este expediente administrativo. El grupo ecosocialista encontró entonces más irregularidades, ya que no consta en el expediente la serie de escritos relativos a esta contratación que elaboraron los servicios jurídicos municipales, aunque uno de esos documentos señala expresamente que esta información debe trasladarse a los grupos políticos municipales.