Sí se puede considera que el grupo de gobierno de Candelaria mantiene estancado al municipio

Mayca Coello señala asuntos esenciales en los que la gestión de PSOE-CC bloquea la búsqueda de soluciones, cuando no retrocede

Sí se puede considera que el grupo de gobierno de Candelaria mantiene estancado al municipio. La portavoz del grupo municipal ecosocialista Mayca Coello señala asuntos esenciales en los que la gestión de PSOE-CC bloquea la búsqueda de soluciones. “Desde 2015, en estos casi dos años de gobierno, cada vez que en Candelaria damos un paso hacia adelante, el gobierno nos obliga a dar un paso atrás”, asegura la portavoz.

Coello apunta asuntos clave que sirven de ejemplo de la parálisis de Candelaria: la recogida de residuos y limpieza, la piscina cubierta, la Bolsa de empleo de Epelcan, la plaza de la Basílica, el Centro Tecnológico de Candelaria (CTCAN), la rehabilitación de viviendas en Antón Guanche y el desalojo y obras de contención del talud de Bajo la Cuesta. “Es muy lamentable que una administración pública funcione de esta manera en asuntos importantes para ella y para los vecinos y vecinas de Candelaria”, asegura la concejala.

Así, el de recogida de residuos y limpieza es el principal contrato del Ayuntamiento, que supera los 2,5 millones de euros al año. Al respecto, la concejala señala que “hubo que anular la licitación por graves defectos e incoherencias en los pliegos, cuando ya estaba publicado en el Diario europeo”. Previamente, Sí se puede advirtió al gobierno sobre errores en el pliego de contrato, en el que no se recogían más de 30 instalaciones municipales. A pesar de ello, PSOE y CC aprobaron el documento y “ocho meses después de la anulación de la licitación todavía no hay nuevo contrato”.

En el caso de la piscina cubierta, “se mintió a la ciudadanía en periodo electoral, y las obras no han empezado casi dos años después de la toma de posesión”. El contrato quedó adjudicado “a pesar de las dudas sobre su legalidad, y ahora no lo aprueban porque solicitan un informe jurídico externo que el secretario de la corporación recomendó hace un año”. En el caso de la plaza de la Basílica, “el gobierno estableció como prioridad los aparcamientos subterráneos, a pesar de las advertencias técnicas y políticas sobre las dificultades patrimoniales y su elevado coste. Finalmente, la contundencia de los hechos se impuso y ha tenido que aceptar que la remodelación se hará sin aparcamientos subterráneos. También el gobierno local tuvo que desdecirse de su intento de marcar líneas para aparcamientos en el suelo de plaza, tras los informes negativos del Cabildo por tratarse del entorno de un Bien de Interés Cultural (BIC)”.

Respecto a la Bolsa de empleo de Epelcan, Coello destaca que “mil personas ilusionadas presentaron solicitudes a la convocatoria de siete bolsas de empleo que contaban con informes jurídicos contradictorios y en algunos aspectos desfavorables”. Alrededor del 80% de estas solicitudes fueron inadmitidas o se les reclamó documentación. Como en otras ocasiones, el procedimiento tuvo que anularse, aunque formalmente la ejecución de la anulación no se ha adoptado después de cuatro meses de haberse decidido.

Por su parte, el Centro Tecnológico de Candelaria (CTCAN) se inauguró en enero de 2017 con casi 10 años de retraso. El objetivo principal del CTCAN es servir de semillero de empresas para personas emprendedoras, un uso imposible de ejecutar porque no se ha aprobado el reglamento de funcionamiento y gestión del centro ni la ordenanza fiscal que fije las tasas correspondientes. Mientras, el expediente de revisión de oficio de la casa del exalcalde de Candelaria se dejó caducar y la alcaldesa debe reiniciar otro procedimiento.

Por último, Coello señala dos asuntos muy importantes para la ciudadanía afectada, por tratarse de viviendas. La rehabilitación de viviendas en Antón Guanche es una fuente constante de reclamaciones debido al proyecto deficiente, a los fallos en las viviendas y al engaño que supuso para los vecinos y vecinas, que aportaron un 17% del total, 175.000 € más que la cantidad aportada por el Ayuntamiento o por el Cabildo. “La responsabilidad municipal es grande porque la financiación se compartió entre el Ministerio, Gobierno de Canarias, Cabildo, Ayuntamiento y las personas propietarias”, subraya la concejala.

Mientras, el desalojo y obras de contención del talud de Bajo la Cuesta se ha gestionado de forma tan deficiente que, entre otros problemas, ha supuesto una carga para los fondos municipales destinados a servicios sociales para financiar una vivienda alternativa para las familias afectadas, cuando la empresa Endesa, una de las propietarias del talud y responsable de su reparación, había manifestado por escrito que estaba dispuesta a asumir con 25.200 euros los gastos del desalojo de 12 familias, lo que hubiera supuesto un gran ahorro para las arcas municipales. “Tras el escándalo provocado por el conocimiento de esta información, el grupo de gobierno reclamó el dinero, pero ya nadie sabe qué sucederá finalmente”.

Sin entrar en más detalles, la portavoz de Sí se puede señala otros asuntos a los que el gobierno de Candelaria no ha sabido todavía dar respuesta: la administración electrónica, el presupuesto municipal, el Polígono Industrial del Valle de Güímar, el centro pesquero, el depósito de agua de Igueste… “Es evidente que el Ayuntamiento no ofrece confianza cuando las rectificaciones son demasiado recurrentes y no se resuelven problemas acuciantes, como la necesaria convocatoria de puestos de trabajo”.

A juicio de Sí se puede, “es imprescindible la coordinación eficiente del trabajo municipal, y es clave la concentración en los asuntos realmente prioritarios. No todo son fiestas, viajes, eventos y fotos”, sentencia Coello.