PSOE y Sí se puede proponen al Ayuntamiento de Güímar que pida al Cabildo la paralización cautelar de las obras en la carretera insular TF-28

Los grupos municipales de PSOE y Sí se puede en el Ayuntamiento de Güímar promueven una moción conjunta para que el pleno de la corporación considere el próximo jueves 28 de marzo presentar una demanda contencioso-administrativa al Cabildo de Tenerife por los perjuicios que estas obras están causando a la población de la comarca de Agache y solicitar la paralización cautelar de las obras en la carretera insular TF-28 hasta que se resuelva el litigio, entre otras medidas.

La colocación de malecones en el borde de la carretera para sustituir las vallas de seguridad afecta a la población de la comarca de Agache al dificultar aún más el tránsito peatonal por esta vía, algo muy común para las personas residentes en El Escobonal, Lomo de Mena, La Medida y Pájara, que exigen hace años una reforma para la creación de aceras.

Sin embargo, estas demandas no han sido escuchadas durante este periodo ni en la actualidad, ya que los intentos de la ciudadanía de dialogar con el Cabildo han caído en saco roto. En este sentido, PSOE y Sí se puede destacan en el texto de su moción que el Ayuntamiento acordó en enero de 2017 la ejecución de esas aceras.

Los dos grupos municipales destacan que, con estas obras, el Cabildo de Tenerife está incumpliendo, entre otros, el artículo 16 de la Ley de Carreteras de Canarias, ya que debía haber remitido al Ayuntamiento de Güímar el estudio de lo proyectado, para que este pudiera manifestar su posición a través de un informe. Este incumplimiento se agrava al darse el caso de que existe un tramo afectado por la ejecución de estas obras en el que el Plan General de Ordenación (PGO), aprobado desde 2005, contempla para El Escobonal casi dos kilómetros de carretera (TF-28) que discurren por suelo urbano y donde actualmente están colocando los malecones en lugar de aceras.

PSOE y Sí se puede destacan que el Cabildo debía haber informado al Ayuntamiento porque esta intervención no consiste en una simple acción de mantenimiento o conservación de la vía, sino una modificación significativa, tanto por la importancia de los cambios que se ejecutan como por las trascendentes consecuencias que tendrán.

A juicio de ambas organizaciones, es imprescindible pedir la tutela judicial para proteger los derechos en materia de Accesibilidad y Seguridad Vial de un importante número de vecinas y vecinos del municipio, que están viviendo un calvario con este asunto, viendo cómo incluso el grupo de gobierno municipal y la alcaldesa ignoran lo que está sucediendo. Asimismo, remiten a otros municipios de la Isla donde se han puesto en marcha planes de acerado similares, como la vía insular que va de los Realejos a Icod el Alto.