Sí se puede e Izquierda Unida, indignadas por los retrasos en la depuradora del Polígono de Güímar

Sí se puede e Izquierda Unida Canaria (IUC) muestran su indignación ante los retrasos en la construcción y puesta en funcionamiento de la Estación Depuradora de Aguas Industriales (EDARI) del Polígono Industrial de Güímar, que debía estar concluida en septiembre de 2020 y que mantiene la gestión de las aguas residuales de la zona en el mismo punto de 2017, cuando la fiscalía abrió diligencias tras la denuncia de los vertidos que ambas organizaciones presentaron por la vía penal.

Presentes en los ayuntamientos de Candelaria, Güímar y Arafo, los dos partidos señalan a los ayuntamientos del Valle de Güímar y al Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF), dependiente del Cabildo, por su incapacidad para asumir su responsabilidad en poner fin a los vertidos de aguas residuales de origen industrial sin depurar al mar.

Asimismo, reprochan a los gobiernos municipales del valle la falta de transparencia de la que han hecho gala en los plenos extraordinarios convocados para el lunes pasado ante la urgencia de plantear un nuevo plan de etapas por el incumplimiento del plan para la puesta en funcionamiento de depuradora y reclaman a los ayuntamientos, al Consejo Insular de Aguas y a la Viceconsejería de Transición Ecológica una solución a la altura de la gravedad del caso.

A juicio de Sí se puede e Izquierda Unida, la situación es extremadamente grave y no puede haber ni un aplazamiento más. El plan de etapas que en su momento aprobaron los plenos de los ayuntamientos implicados y el Consejo Insular de Aguas de Tenerife se organizaba en dos fases: la realización de las obras necesarias para crear la EDARI, a partir de mayo de 2019, y su puesta en funcionamiento tras la conclusión de las obras en septiembre de 2020.

Por tanto, el retraso en la puesta en funcionamiento de la depuradora es de un año y cinco meses, un periodo en el que se han vertido al mar aguas residuales industriales sin el amparo de la autorización del Gobierno de Canarias, ya que el incumplimiento del plan de etapas conllevaría el vencimiento de la autorización de vertidos al mar y esta autorización caducó en cuanto pasó el mes de septiembre de 2020 sin que se concluyera la depuradora, según lo establecido en la Resolución de la Viceconsejería de Lucha contra el cambio climático del Gobierno de Canarias, del 18 de septiembre de 2018.

El nuevo plan de etapas que proponen los gobiernos municipales prevé que el plazo para la puesta en funcionamiento de la EDARI puede concluir en diciembre de 2022, es decir que el incumplimiento sobre lo inicialmente previsto se acerca a los tres años, de manera que, después de casi diez años, el Valle de Güímar está en la misma situación que cuando Sí se puede e IUC denunciaron los vertidos por la vía penal.

Este es el motivo por el que ambas organizaciones consideran que los plenos municipales correspondientes deben poner en conocimiento de la fiscalía estos hechos por si pudieran constituir un nuevo delito contra el medio ambiente y otro de prevaricación, mientras Sí se puede e IUC están valorando la posibilidad de hacer otro tanto.